Un movimiento respaldado por multimillonarios busca establecer “Ciudades de la Libertad” gestionadas de forma privada dentro de los Estados Unidos, siguiendo iniciativas ya en marcha en América Central. Inspirado en ideales libertarios y el movimiento “Estado de Red”, estas zonas operarían bajo sus propias leyes y estructuras de gobernanza, en gran medida libres de la supervisión gubernamental tradicional, y potencialmente construidas sobre tierras federales, incluyendo parques nacionales.
Un movimiento preocupante está ganando terreno en los Estados Unidos, con el objetivo de establecer “Ciudades de la Libertad” administradas de forma privada y gobernadas por corporaciones dentro del país. Esta iniciativa, respaldada por inversores multimillonarios y arraigada en ideologías libertarias y anarco-capitalistas, busca eludir la supervisión gubernamental tradicional y crear zonas donde individuos ricos y corporaciones pueden esencialmente escribir sus propias leyes y regulaciones. El concepto central es fomentar la innovación y la dinámica económica eliminando las barreras burocráticas, pero los críticos temen las posibles consecuencias para los principios democráticos y el bienestar público.
La fuerza impulsora detrás de este movimiento es la Coalición de Ciudades de la Libertad, un grupo de presión recién formado que busca activamente la acción legislativa para permitir la creación de estas zonas de desarrollo especiales. Según un informe reciente de Wired, la Coalición está redactando legislación del Congreso diseñada para establecer una red de estas “ciudades” en todo el país. Este esfuerzo está directamente vinculado a NeWay Capital, una empresa profundamente involucrada en el desarrollo de Prospera, un enclave privado en Honduras. Prospera opera dentro de una zona económica especial (ZEDE), un marco regulatorio que permite a los actores privados establecer sus propias reglas dentro de un área geográficamente particionada. Este modelo, facilitado por un golpe de Estado respaldado por EE. UU. en Honduras en 2013, demuestra el potencial para que las entidades privadas ejerzan un control significativo sobre el gobierno y la regulación.
La base ideológica de la Coalición de Ciudades de la Libertad está firmemente plantada dentro del movimiento “Estado de la Red”, una ideología anarco-capitalista defendida por multimillonarios tecnológicos. Este movimiento busca crear ciudades autogobernadas que operen con criptomonedas nativas, estableciendo esencialmente entidades económicas y sociales autónomas fuera de la jurisdicción de los estados-nación tradicionales. La Prospera de Honduras sirve como un caso práctico en el mundo real para esta ideología, mostrando el potencial para que los actores privados establezcan sus propios sistemas regulatorios y judiciales. Trey Goff, el jefe de personal de Próspera, confirma reuniones en curso con la administración Trump e indica una actitud receptiva hacia el concepto.
La Coalición de Ciudades de la Libertad argumenta que el entorno regulatorio de Estados Unidos está obstaculizando el progreso y que estas zonas son una solución necesaria para liberar todo el potencial de la nación. Su sitio web establece explícitamente que al crear zonas de “claridad regulatoria y dinamismo económico”, pueden “eliminar décadas de acumulación burocrática” y permitir que los emprendedores “se muevan a la velocidad del ingenio humano”. Esta retórica enmarca el movimiento como un medio para estimular la innovación y el crecimiento económico, retratando las regulaciones existentes como obstáculos para el progreso.
Sin embargo, la posible ubicación de estas “Ciudades de la Libertad” plantea serias preocupaciones ambientales y de conservación. El sitio web de la Coalición de Ciudades de la Libertad destaca que el 28% de la tierra de EE. UU. es “de propiedad federal y lista para el desarrollo innovador”. Si bien los detalles de qué tierras federales se consideran “listas” son vagos, una parte significativa de esta tierra está designada para la conservación de la vida silvestre y los parques nacionales. Esto sugiere un posible conflicto entre los objetivos del movimiento y la protección de los recursos naturales y la biodiversidad.
Además, el expresidente Trump respaldó abiertamente la idea de utilizar tierras federales protegidas para construir estas “Ciudades de la Libertad” durante su campaña presidencial. En un video publicado en ese momento, Trump pidió el desarrollo de diez nuevas metrópolis urbanas en tierras protegidas, enmarcando esto como una forma de “reabrir la frontera, reavivar la imaginación estadounidense y dar a cientos de miles de jóvenes una nueva oportunidad de ser propietarios de una vivienda y, de hecho, el sueño americano”. Este respaldo agrega un peso político significativo al movimiento y señala una posible voluntad de priorizar el desarrollo privado sobre la preservación ambiental.
Las posibles implicaciones de estas “Ciudades de la Libertad” son de gran alcance y plantean preguntas críticas sobre el equilibrio entre innovación, crecimiento económico y gobernanza democrática. La capacidad de las entidades privadas para crear sus propias leyes y regulaciones, particularmente en áreas como la protección ambiental, la salud pública y la seguridad laboral, podría conducir a una carrera hacia el fondo, priorizando las ganancias corporativas sobre el bienestar de los ciudadanos y la preservación de los recursos naturales. La falta de una supervisión burocrática tradicional genera preocupaciones sobre la rendición de cuentas y el potencial de abuso de poder. La dependencia del movimiento en las criptomonedas complica aún más la situación, planteando preguntas sobre la regulación financiera y el potencial de actividades ilícitas.
Un movimiento impulsado por multimillonarios busca crear “Ciudades de la Libertad” privadas en EE. UU., siguiendo modelos de América Central. Este proyecto, respaldado por el expresidente Trump y vinculado a la ideología “Estado Red”, busca autorización del Congreso para establecer estas zonas, incluso en tierras federales (incluyendo parques nacionales), con el objetivo de evadir regulaciones y promover el desarrollo tecnológico. La iniciativa plantea serias preocupaciones sobre el futuro de las tierras públicas, la gobernanza democrática y la posible erosión de las protecciones ambientales.
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