La semana pasada, el expresidente Donald Trump criticó inesperadamente la Ley CHIPS y Ciencia, una ley bipartidista firmada por el presidente Biden en 2022 que proporciona 52.700 millones de dólares en subsidios para impulsar la fabricación nacional de chips. Esta repentina reversión ha generado una preocupación significativa dentro de la industria de semiconductores, lo que ha provocado consultas legales y ha planteado preguntas sobre la estabilidad de los contratos existentes.
La reciente e inesperada reversión de Donald Trump sobre la Ley CHIPS y Ciencia ha generado una perturbación e incertidumbre significativas dentro de la industria de los semiconductores y en los círculos políticos. Inicialmente ofreciendo garantías de apoyo, Trump declaró abruptamente que la Ley era “una cosa horrible, horrible” durante un reciente discurso ante el Congreso, un cambio que ha conmocionado al sector y ha dejado a muchos cuestionando sus motivaciones. Este cambio repentino de postura ha desencadenado una cascada de reacciones, que van desde consultas legales por parte de los fabricantes de chips hasta indagaciones desconcertadas por parte de los legisladores republicanos.
Tras los pronunciamientos de Trump, los ejecutivos de las empresas de chips supuestamente se apresuraron a buscar asesoramiento legal. Según ocho personas familiarizadas con las acciones de los ejecutivos, estaban explorando la posibilidad de que Trump, en caso de recuperar la presidencia, intentara rescindir la financiación o rescindir los contratos existentes. Esta preocupación, aunque aparentemente extrema, no es del todo infundada, como confidenció un experto a Ars. El potencial de tal acción drástica destaca el nivel de ansiedad generado por los pronunciamientos impredecibles de Trump y las importantes implicaciones financieras involucradas. La Ley CHIPS, después de todo, representa una inversión sustancial para estas empresas, y la perspectiva de perder ese apoyo es comprensiblemente alarmante.
La Ley CHIPS y Ciencia, firmada como ley por el presidente Joe Biden en 2022, fue diseñada para impulsar la industria estadounidense de semiconductores al proporcionar 52.700 millones de dólares en subsidios. El objetivo principal era incentivar a los fabricantes de chips más avanzados para que establezcan o expandan sus operaciones dentro de los Estados Unidos, reduciendo así la dependencia de fuentes extranjeras y fortaleciendo la seguridad nacional. El Departamento de Comercio ya ha avanzado con las negociaciones contractuales, asignando más de 36.000 millones de dólares en subsidios federales a importantes fabricantes de chips. Empresas como Intel, Micron, Samsung y la Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) se encuentran entre las beneficiarias de estos premios, lo que demuestra la amplitud y escala del programa.
La crítica de Trump se centra en la creencia de que las empresas que se benefician de los subsidios no están cumpliendo adecuadamente sus obligaciones. Afirmó específicamente que estas empresas “toman nuestro dinero” y “no lo gastan”, sugiriendo una falta de inversión o un incumplimiento de los resultados prometidos. Si bien la naturaleza precisa de estas supuestas deficiencias sigue siendo poco clara, los comentarios de Trump han sembrado dudas sobre la efectividad de la Ley CHIPS y han alimentado las preocupaciones sobre la sostenibilidad de los subsidios. Notablemente, TSMC, uno de los mayores beneficiarios de la financiación de la Ley CHIPS, por detrás solo de Intel, parece ser el objetivo inmediato de esta crítica, con Trump aparentemente indicando que no recibirá más premios. Sin embargo, no ha confirmado explícitamente planes para romper contratos existentes por valor de miles de millones de dólares.
La Semiconductor Industry Association (SIA), que representa los intereses de la industria de los semiconductores, respondió al discurso de Trump organizando una llamada de emergencia entre sus miembros. Según fuentes citadas por el New York Times, los participantes en la llamada atribuyeron supuestamente la crítica de Trump a su animosidad personal hacia el presidente Biden. El sentimiento predominante parecía ser que las acciones de Trump estaban motivadas por un deseo de socavar el legado de Biden, ya que la Ley CHIPS estaba destinada a ser un logro emblemático de la administración Biden. Esta perspectiva sugiere una dimensión política en la postura de Trump, en lugar de una preocupación genuina por el bienestar de la industria de los semiconductores.
El silencio del presidente Biden en respuesta a los comentarios de Trump ha sido sorprendente, incluso para algunos dentro de su propio partido. La ausencia de una refutación o aclaración pública ha dejado un vacío, lo que ha permitido que la crítica de Trump resuene más ampliamente. Esta falta de respuesta ha alimentado aún más las especulaciones sobre el potencial de inestabilidad política y la naturaleza impredecible de las acciones de Trump.
La confusión en torno a la posición de Trump se ha extendido incluso a los legisladores republicanos, quienes han expresado desconcierto e inquietud. El senador Todd Young (R-Ind.), por ejemplo, supuestamente contactó a la Casa Blanca para buscar aclaraciones sobre la postura de Trump. Young reconoció que el discurso de Trump parecía estar “en tensión” con el apoyo anterior ofrecido por la administración Trump a la Ley CHIPS. A pesar de la declaración explícita de Trump de que quería “deshacerse” de la Ley, Young preguntó cautelosamente si Trump podría haber pretendido abogar por una actualización o revisión de la ley, en lugar de su derogación total. Esto ilustra el grado de incertidumbre y aprensión generadas por el cambio repentino de política de Trump.
La repentina oposición de Donald Trump a la Ley CHIPS, una ley que anteriormente apoyó, ha generado incertidumbre en la industria de semiconductores, con consultas legales y preocupaciones sobre financiación y contratos. Su crítica, aparentemente motivada por un descontento personal hacia el presidente Biden, desconcierta a los republicanos y plantea dudas sobre sus verdaderas intenciones, evidenciando la posible inestabilidad de las políticas económicas impulsadas por motivos políticos. Esto plantea la pregunta de si las iniciativas económicas estratégicas pueden resistir los caprichos de figuras políticas individuales.
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