En menos de 100 días, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha experimentado una transformación dramática, pasando de ser una agencia reguladora centrada en la supervisión de medios y telecomunicaciones a lo que los críticos describen como una herramienta para promover la agenda del presidente Donald J. Trump. Este cambio ha generado preocupación sobre la imparcialidad de la agencia y su potencial para suprimir la disidencia y priorizar los intereses políticos sobre la protección del consumidor.
Bajo el liderazgo del presidente Brendan Carr, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha sufrido una transformación significativa, pasando de ser un organismo regulador centrado en la supervisión de medios y telecomunicaciones a una agencia percibida como una herramienta de represalias políticas y el avance de una agenda ideológica específica. Este cambio, que se produce en un plazo relativamente corto, ha alarmado a los expertos en políticas de medios y telecomunicaciones, quienes acusan a Carr de abusar de la autoridad de la agencia para atacar a los adversarios percibidos de la administración Trump.
Una de las principales críticas dirigidas a la FCC de Carr es su presunto enfoque en acosar a empresas y organizaciones que no se alinean con las opiniones políticas del expresidente Donald Trump. Esto se evidencia en el inicio de “pseudo-investigaciones” a medios de comunicación y empresas críticas con la administración. Por ejemplo, la FCC ha apuntado a Paramount/CBS, que planea una fusión de 8.000 millones de dólares con Skydance, tras la demanda legalmente dudosa de Trump contra CBS por las ediciones realizadas a una entrevista de 60 Minutes. Expertos de todo el espectro ideológico han condenado esta acción como un intento de sofocar la libertad de expresión periodística.
Además, la FCC bajo Carr ha sido acusada de utilizar su autoridad como arma para censurar y controlar el periodismo. Esto se destaca por las amenazas de revocar las licencias de emisión de emisoras locales que se dedican a un periodismo desfavorable a la administración. Esto incluye investigaciones sobre las licencias de emisión locales de NBC propiedad de Comcast, debido a la desaprobación de la administración de la cobertura de MSNBC de un caso específico. Estas acciones han llevado a un grupo bipartidista de antiguos funcionarios de la FCC a calificar las acciones de Carr como la conversión de la FCC en el “censor personal de la Casa Blanca”.
Además de atacar a los medios de comunicación, la FCC de Carr también ha sido criticada por su postura sobre la protección del consumidor y su aparente disposición a desmantelar las regulaciones existentes. Por ejemplo, la FCC ha tomado medidas para deshacer los esfuerzos para abordar la discriminación en el despliegue de banda ancha y ha insinuado planes para poner fin a la supervisión de la FCC de cuestiones como los límites de uso depredadores y las tarifas encubiertas. Esto se considera un movimiento para beneficiar a las grandes corporaciones a expensas de los consumidores.
Además, las acciones de la FCC se perciben como parte de un esfuerzo más amplio para socavar el estado administrativo y limitar la supervisión regulatoria. Esto está respaldado por el fallo Loper Bright de la Corte Suprema, que ha debilitado efectivamente la independencia de los reguladores estadounidenses. Los esfuerzos de Carr se consideran que proporcionan cobertura para acciones menos llamativas, como garantizar que la FCC no pueda impugnar las prácticas de los grandes proveedores de banda ancha.
El cambio en las prioridades de la FCC también se refleja en su enfoque de los derechos civiles y las iniciativas de diversidad. Carr ha iniciado investigaciones sobre empresas como Verizon y Disney, alegando violaciones de las regulaciones de igualdad de oportunidades de empleo y promoviendo “formas odiosas de discriminación DEI”. Expertos legales han cuestionado la base legal de estas investigaciones, sugiriendo que su propósito principal es intimidar a las empresas y obligarlas a alinearse con la agenda de la administración.
Las consecuencias de estas acciones son de gran alcance, y expertos como Gigi Sohn sugieren que las acciones de la FCC están diseñadas para intimidar a los regulados y obligarlos a someterse a la voluntad de la administración. Esto ha generado preocupación por la erosión de la protección del consumidor, la supresión de la libertad de expresión y la normalización de la discriminación.
A la luz de estos acontecimientos, los expertos instan a un cambio de enfoque a los niveles estatal y local. Abogan por que los estados fortalezcan su autoridad sobre la banda ancha, apoyen el desarrollo de redes de banda ancha de propiedad comunitaria y aprueben reformas de “derecho a reparar”. Esto se considera un paso necesario para llenar el vacío dejado por el debilitamiento de la supervisión regulatoria federal.
Además, se enfatiza la importancia de un electorado informado, lo que requiere una reforma significativa de los medios de comunicación. Esto incluye defender la radiodifusión pública contra los ataques e invertir en instituciones de medios locales. El colapso del periodismo local de calidad ha resultado en desiertos de noticias, lo que lleva a un público desinformado o mal informado.
En última instancia, la solución a largo plazo implica un enfoque más ambicioso, que incluya la financiación de los medios públicos en línea con las normas mundiales y la creación de medios de comunicación verdaderamente democráticos e independientes para reemplazar los modelos comerciales fallidos. Esto se considera crucial para proteger la democracia y garantizar una ciudadanía bien informada.
El artículo concluye que la FCC, bajo Brendan Carr, sirvió a los intereses de Donald Trump, perjudicando la protección al consumidor, la diversidad mediática y la libertad de prensa. Ante la disminución de la supervisión federal, la defensa de un panorama mediático justo y accesible requiere acción local: apoyar el periodismo independiente, impulsar reformas estatales y exigir responsabilidad a quienes influyen en la información.
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