El Partido Nacional de Nueva Zelanda propone una ley que prohibiría a los menores de 16 años el uso de redes sociales, emulando una iniciativa similar en Australia. La propuesta, presentada como proyecto de ley de un miembro del parlamento, ha generado debate, con preocupaciones sobre su legalidad y viabilidad, y desacuerdos entre los socios de la coalición.
El Partido Nacional propone prohibir a los menores de 16 años el uso de redes sociales, con el objetivo de replicar el enfoque de Australia. Esta iniciativa está encabezada por la diputada nacional Catherine Wedd, quien ha presentado un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria. La motivación principal detrás de esta propuesta es abordar los daños percibidos asociados con el uso de las redes sociales entre los jóvenes.
Sin embargo, la propuesta enfrenta una oposición significativa. ACT, socio de coalición, ha criticado el proyecto de ley, considerándolo apresurado, simplista e inviable. Esto sugiere un posible obstáculo en la aprobación del proyecto de ley en el Parlamento, lo que destaca una divergencia de perspectivas dentro de la coalición gobernante.
El juez David Harvey, experto en derecho en línea, ha expresado su preocupación de que la prohibición propuesta infrinja la Ley de Derechos, específicamente el derecho a la libertad de expresión. Argumenta que restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años los dejaría efectivamente “fuera de línea” en términos de comunicación, dada la función principal de Internet. Este desafío legal plantea interrogantes sobre la constitucionalidad del proyecto de ley y su posible impacto en la capacidad de los jóvenes para comunicarse y expresarse.
El juez Harvey profundizó en sus preocupaciones, enfatizando que no todos los jóvenes experimentan los impactos negativos de las redes sociales, como el ciberacoso, los problemas de imagen corporal, la ansiedad y la depresión. Sugiere que para aquellos que sí luchan, el problema debería abordarse principalmente en el contexto familiar. Cree que el Estado no debería extralimitarse y asumir el papel de los padres en la gestión de las experiencias en línea de sus hijos.
Sumándose a la crítica, el juez Harvey señaló la ironía de que el anuncio del proyecto de ley coincidiera con la publicación de un informe de la oficina del Censor sobre contenido digital dañino. El informe del Censor destacó las dificultades que enfrentan los jóvenes para compartir sus preocupaciones en línea con otros y sugirió educar a los padres para facilitar la comunicación abierta. Este contraste subraya una posible desconexión entre la prohibición propuesta y los esfuerzos existentes para abordar la seguridad en línea.
La diputada Catherine Wedd, impulsora del proyecto de ley, defiende firmemente la propuesta, afirmando que no viola la Ley de Derechos. Enmarca el proyecto de ley como una medida para empoderar a los padres, argumentando que el gobierno necesita hacer más para apoyarlos en la navegación de los desafíos de las redes sociales. Enfatiza su experiencia personal como madre de cuatro hijos, presenciando de primera mano los impactos negativos de las redes sociales.
Wedd cita numerosas quejas de padres y directores de escuela con respecto a los daños de las redes sociales, incluido el ciberacoso, el contenido inapropiado, la explotación y los problemas de salud mental. Traza un paralelismo con las restricciones existentes en el mundo físico, argumentando que se necesitan protecciones similares en línea. Esta perspectiva destaca el enfoque del proyecto de ley en la salvaguarda de los niños contra los peligros en línea.
Al abordar la posible restricción de la libertad de expresión, Wedd sostiene que la responsabilidad principal es proteger a los niños del daño. Sostiene que los padres responsables a menudo carecen de control sobre el contenido que las empresas de redes sociales ofrecen a sus hijos y lo que otros comparten en línea. El proyecto de ley, según Wedd, tiene como objetivo crear un “campo de juego nivelado” para los padres al darles más control.
Con respecto al alcance de la prohibición, Wedd aclaró que el proyecto de ley se dirigiría a plataformas tradicionales como Facebook, Instagram, X (anteriormente Twitter), TikTok y Snapchat, reflejando el enfoque propuesto en Australia. Reconoce la necesidad de explorar restricciones en el acceso a sitios de juegos. Esto indica un enfoque específico centrado en las plataformas donde el daño en línea es más frecuente.
A pesar de la falta de apoyo de ACT, Wedd enfatiza su dedicación al tema, habiendo trabajado en él durante más de un año. Destaca el apoyo que tiene del caucus Nacional, incluido el Primer Ministro, lo que indica un fuerte respaldo dentro de su propio partido. Esto sugiere un compromiso de impulsar el proyecto de ley a pesar de los desafíos que enfrenta.
National busca prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, similar a la legislación australiana, pero enfrenta oposición de su socio de coalición ACT y desafíos legales sobre la libertad de expresión. Mientras que partidarios, como la diputada Catherine Wedd, enfatizan el empoderamiento parental y la protección infantil, el experto legal Juez Harvey argumenta que el proyecto de ley infringe derechos, aboga por la educación parental y cuestiona la idea de algoritmos adictivos, destacando la naturaleza cambiante de la comunicación juvenil. El debate subraya el complejo equilibrio entre la protección infantil en línea y el respeto a las libertades individuales. La exploración de programas de alfabetización digital y recursos de orientación parental matizados podría ofrecer un enfoque más colaborativo para navegar este panorama en evolución.
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