La publicación de los “Twitter Files” desató un debate generalizado sobre la influencia del gobierno en las plataformas de redes sociales. Sin embargo, este enfoque ha oscurecido, en opinión de muchos, una preocupación más apremiante: la creciente consolidación del poder en manos de individuos como Elon Musk, que simultáneamente controlan importantes plataformas en línea y ejercen influencia dentro del gobierno, lo que podría crear nuevas vías para la censura y la supresión de la libertad de expresión.
La reciente obsesión con los “Twitter Files” y la percibida relación entre el antiguo régimen de Twitter y funcionarios federales ha creado un importante punto ciego con respecto a una amenaza mucho más apremiante para la libertad de expresión: la consolidación del poder por parte de individuos que controlan tanto las plataformas en línea como los palancas del gobierno. La narrativa que rodea los “Twitter Files” se ha centrado en interacciones pasadas, a menudo malinterpretándolas como violaciones flagrantes de la Primera Enmienda, a pesar de las sentencias de la Corte Suprema, incluidas las de jueces conservadores nombrados por Trump, que no encontraron evidencia sustancial de tales violaciones. Este enfoque distrae de la alarmante realidad de que la administración actual, liderada por Elon Musk, está integrando activamente Twitter en el aparato gubernamental, creando una situación en la que la censura, o al menos el enfriamiento del disenso, se vuelve mucho más probable.
La conmoción inicial que rodeó los “Twitter Files” surgió de la publicación de documentos internos de Twitter por parte de Elon Musk, con la intención de exponer una presunta colusión entre la plataforma y los funcionarios del gobierno. Si bien las preocupaciones sobre la influencia del gobierno en las redes sociales son válidas, la narrativa rápidamente degeneró en una representación simplista de las acciones pasadas, ignorando los matices de la situación. El caso ante la Corte Suprema *Murthy v. Missouri*, que involucraba desafíos a las comunicaciones del gobierno con las plataformas de redes sociales, finalmente no logró establecer que ninguna plataforma había restringido sustancialmente la libertad de expresión en respuesta a las solicitudes del gobierno. Esta sentencia, respaldada por jueces conservadores, debería haber servido como una realidad crucial, pero la obsesión por los “Twitter Files” persiste, desviando la atención del peligro presente.
El núcleo del problema no es el pasado, sino el presente: el doble papel de Elon Musk como propietario de Twitter y una figura poderosa dentro de la administración actual. El argumento de que centrarse en esta relación es extraño, dadas las circunstancias, es convincente. Si el objetivo es evitar la censura del gobierno de Twitter, la situación actual, en la que el gobierno está esencialmente dirigido por el propietario de Twitter, hace que ese objetivo sea irrelevante. Esta no es una preocupación hipotética; es una realidad tangible con profundas implicaciones para la libertad de expresión y la independencia de las plataformas en línea. La amenaza implícita de la presión del gobierno sobre una plataforma propiedad de un miembro de ese mismo gobierno es mucho más potente que cualquier instancia pasada de solicitudes del gobierno.
La preocupación no se limita a Twitter en sí. Se extiende al panorama más amplio de las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales. Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta (empresa matriz de Facebook e Instagram), ha tomado medidas proactivas para apaciguar a Donald Trump. Esto no es necesariamente una reacción a la influencia de Musk, sino más bien una respuesta estratégica a la voluntad demostrada de Trump para castigar a los presuntos enemigos a través de acciones legales y otras formas de presión. Las acciones de Zuckerberg incluyen el nombramiento de un lealista de Trump a su consejo y la búsqueda de la aprobación para planes para eliminar las iniciativas de DEI, lo que indica una voluntad de alinearse con la agenda de Trump. Esto demuestra una tendencia más amplia de las empresas de redes sociales que priorizan el aplacamiento político sobre los principios de libertad de expresión y discurso abierto.
El movimiento anti-cultura de la cancelación, que durante mucho tiempo ha enfatizado la apertura empírica del sistema de expresión sobre la censura gubernamental, parece extrañamente silenciado ante la situación actual. Grupos como Free Press de Bari Weiss, que anteriormente defendieron los principios de libertad de expresión, parecen haber sido cautivados por los gestos simbólicos de Trump, como su orden ejecutiva “Restaurando la libertad de expresión y terminando la censura federal”, mientras que ignoran las acciones concretas y las amenazas que consistentemente hace. Este enfoque selectivo destaca una desconexión preocupante entre la retórica y la realidad, donde los gestos simbólicos se priorizan sobre la oposición sustancial a las reales apropiaciones de poder.
La voluntad demostrada de Trump de utilizar la litigación como herramienta para suprimir la libertad de expresión es una amenaza significativa, y esta amenaza se amplifica cuando el demandante es el Presidente de los Estados Unidos. La demanda de Meta, en la que Trump demandó a la empresa por prohibirlo de sus plataformas y posteriormente llegó a un acuerdo después de las elecciones, ejemplifica este patrón. Trump también ha demandado a CBS por lo que percibió como una representación negativa de Kamala Harris en un programa de *60 Minutes* y al Des Moines Register por realizar una encuesta que sugería que perdería en Iowa. Estas demandas, a menudo frívolas y carentes de mérito, sirven para abrumar a los oponentes con costos legales y crear un efecto disuasorio sobre el periodismo y los comentarios.
La amenaza que plantea un presidente que demanda a los medios de comunicación no se limita a los costos legales involucrados; se trata de las amenazas implícitas y explícitas de poder. La demanda de CBS, junto con la sugerencia de Trump de que se podría revocar la licencia de transmisión de la red por desfavorecerlo, lo ilustra perfectamente. Dichas acciones crean un clima de miedo y autocensura, donde los medios de comunicación dudan en publicar o transmitir cualquier cosa que pueda incurrir en la ira del presidente. La investigación de la FCC sobre una estación de radio local por su cobertura de ICE demuestra aún más que estas amenazas ya se están convirtiendo en realidad.
La obsesión con los “Twitter Files” a menudo implica una comparación distorsionada, donde las instancias pasadas de solicitudes del gobierno a las plataformas de redes sociales se representan como una tiranía rampante, mientras que un presidente sentado amenazando abiertamente a sus críticos se considera menos significativo. Esta perspectiva sesgada oscurece el peligro mucho mayor de un presidente que ejerce el poder de la presidencia para silenciar el disenso y castigar a quienes desafían su autoridad. La escala y el alcance de la amenaza que plantea un presidente que ataca activamente a los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales superan con creces las preocupaciones sobre las comunicaciones pasadas del gobierno.
En última instancia, la situación actual exige un cambio de enfoque. La narrativa que rodea los “Twitter Files” ha creado una distracción del peligro mucho más apremiante de un presidente que consolida el poder sobre las plataformas en línea y las instituciones gubernamentales. El enfoque debe estar en las acciones y amenazas concretas que está haciendo la administración actual, y en las implicaciones más amplias para la libertad de expresión y la independencia de la prensa. Solo abordando este peligro presente podemos esperar salvaguardar los principios del discurso abierto y proteger el derecho a expresar puntos de vista disidentes sin temor a represalias.
El enfoque en los “Twitter Files” oscurece una realidad más alarmante: Trump y sus aliados están consolidando el control sobre las plataformas en línea y utilizando el poder del gobierno para intimidar y castigar a las voces disidentes, una amenaza mucho mayor para la libertad de expresión que cualquier solicitud gubernamental previa a Twitter. Es hora de cambiar nuestra atención de las preocupaciones pasadas al peligro presente del abuso de poder ejecutivo y su efecto paralizador en el periodismo y el discurso público.
Leave a Reply