Varios representantes demócratas exigen una investigación sobre un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Marko Elez, y su presunta mala gestión de datos personales confidenciales. Las preocupaciones surgen de informes que indican que Elez, quien previamente trabajó en DOGE y ahora ocupa un puesto en el Departamento de Trabajo, tuvo acceso no autorizado a los sistemas del Departamento del Tesoro y posiblemente divulgó una hoja de cálculo que contenía información personal a funcionarios de la administración Trump.
Los demócratas están expresando serias preocupaciones con respecto al posible manejo indebido de datos dentro del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), centrándose específicamente en las acciones del empleado Marko Elez. Tres representantes demócratas han solicitado formalmente una investigación sobre la presunta “divulgación no autorizada y potencialmente ilegal” por parte de Elez de una hoja de cálculo que contenía información personal confidencial. Este llamado a una investigación resalta las crecientes ansiedades entre los legisladores sobre la seguridad de los datos y la rendición de cuentas dentro de las agencias gubernamentales, particularmente en el contexto de las operaciones del DOGE.
El núcleo de la preocupación de los demócratas se centra en una hoja de cálculo que contenía información personal a la que Marko Elez supuestamente accedió y compartió. Los representantes Lori Trahan, Suzan DelBene y Shontel Brown, en una carta dirigida a los Subinspectores Generales Loren Sciurba y Robert Erickson, afirman explícitamente que la investigación debe dirigirse a las acciones de Elez, que describen como una “divulgación no autorizada y potencialmente ilegal”. Esta formulación subraya la gravedad con la que estos legisladores ven el incidente, lo que sugiere una posible violación tanto de las regulaciones internas como de los estatutos legales diseñados para proteger la privacidad individual.
Además de alimentar estas preocupaciones, hay informes anteriores que detallan el acceso de Elez a sistemas gubernamentales confidenciales. Se supo que Elez, de 25 años, recibió “acceso de lectura y escritura” a los sistemas de pago del Departamento del Tesoro. Los documentos judiciales posteriores revelaron, según se informa, la extensión total de este acceso y, de manera crítica, afirmaron que Elez violó la política del Tesoro al transmitir una hoja de cálculo de empleados a individuos dentro de la administración Trump. Esta presunta acción vincula directamente el acceso de Elez con la posible divulgación de datos, proporcionando un ejemplo concreto del comportamiento bajo escrutinio.
La cronología de los eventos que rodean a Elez agrega otra capa de complejidad a la situación. Elez, según se informa, renunció a su puesto en el DOGE en febrero después de que los periodistas descubrieran lo que se describió como “publicaciones racistas vinculadas a su cuenta de redes sociales”. Sin embargo, el jefe del DOGE, Elon Musk, anunció posteriormente que Elez sería reincorporado. Además, los documentos judiciales sugieren que Elez ahora está empleado en el Departamento de Trabajo. Esta secuencia de eventos plantea interrogantes sobre los procesos internos y la toma de decisiones dentro del DOGE y, potencialmente, de otras agencias gubernamentales con respecto al personal con conducta cuestionable y acceso a datos confidenciales.
Los representantes demócratas sostienen que las acciones de Elez probablemente constituyen una violación de la ley federal, específicamente la Ley de Privacidad de 1974. Esta legislación histórica está diseñada para evitar que las agencias gubernamentales divulguen información personal a terceros sin el consentimiento explícito del individuo. Al supuestamente enviar una hoja de cálculo que contiene información personal a personas fuera del alcance autorizado, Elez es acusado de “evadir las regulaciones de seguridad” y potencialmente violar esta crucial ley de privacidad. La carta de los representantes establece explícitamente esta preocupación, destacando las implicaciones legales de la presunta divulgación de datos.
Las posibles consecuencias de esta presunta violación son significativas. La carta de los representantes señala que si Elez realmente violó la Ley de Privacidad y si las personas enumeradas en la hoja de cálculo resultaron perjudicadas como resultado, esas personas “pueden tener motivos para buscar daños monetarios del gobierno”. Esto subraya la posible responsabilidad financiera y legal que el gobierno podría enfrentar si la investigación confirma las acusaciones y demuestra daños a las personas afectadas. También enfatiza la importancia de proteger los datos personales y los recursos legales disponibles cuando dichos datos se manejan incorrectamente.
Si bien el Subinspector General del Tesoro, Sciurba, ya ha iniciado una investigación sobre el acceso más amplio del DOGE a los sistemas de pago de la agencia, la solicitud de los demócratas se centra específicamente en las acciones individuales de Elez. Esta distinción es crucial, ya que indica el deseo de aislar y examinar a fondo el incidente específico de divulgación de datos presuntamente atribuido a Elez, en lugar de centrarse únicamente en los problemas sistémicos de acceso. La investigación solicitada tiene como objetivo identificar la responsabilidad individual dentro del contexto más amplio de las operaciones del DOGE.
Los representantes buscan información específica de los subinspectores generales para comprender completamente el alcance y el impacto de la presunta divulgación de datos. Están pidiendo determinar “a cuántas personas se les expuso su información personal en la hoja de cálculo” y “si Elez obtuvo el consentimiento por escrito de cada individuo antes de enviársela a los funcionarios de la administración Trump”. Además, quieren comprender “por qué a Elez se le concedió acceso a los sistemas del Departamento del Tesoro mientras su proceso de autorización de seguridad aún estaba en curso” y “cómo interactuaron los funcionarios de la administración Trump con la hoja de cálculo que recibieron”. Estas preguntas demuestran un enfoque integral de la investigación, que busca descubrir no solo el alcance de la exposición, sino también los procesos que permitieron que sucediera y el manejo posterior de los datos.
El llamado a esta investigación ocurre dentro de un contexto más amplio de preocupaciones en torno a las actividades del DOGE y su impacto en las agencias gubernamentales. Como señala el contenido, el DOGE se describe como “destruyendo y quemando su camino a través de las agencias gubernamentales”, lo que lleva a una sensación de “caos” entre los legisladores. Este entorno más amplio de interrupción e incertidumbre probablemente contribuye a la urgencia con la que los demócratas están llevando a cabo investigaciones sobre incidentes específicos como el presunto manejo indebido de datos por parte de Elez. El incidente se considera no de forma aislada, sino como potencialmente sintomático de un patrón más amplio de comportamiento problemático dentro del DOGE.
Los desafíos legales y políticos en curso que rodean al DOGE resaltan aún más el entorno turbulento en el que ocurrió este presunto manejo indebido de datos. El contenido menciona que un juez otorgó recientemente una orden judicial preliminar que impide que la administración Trump cierre la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, lo que ilustra las batallas legales que se están librando contra las acciones del DOGE. Además, los informes que sugieren que el líder del DOGE, Elon Musk, podría renunciar a su cargo, aunque Musk lo negó, indican el alto nivel de escrutinio e inestabilidad que rodea al departamento. Estos factores externos subrayan la importancia de la investigación solicitada sobre las acciones de Elez como parte de un esfuerzo más amplio para llevar la rendición de cuentas y la estabilidad a las operaciones gubernamentales afectadas por el DOGE.
Los demócratas exigen una investigación sobre el presunto mal manejo de datos personales por parte del empleado de DOGE, Marko Elez, incluyendo la divulgación no autorizada de una hoja de cálculo con información sensible a funcionarios de la administración Trump. Las preocupaciones se centran en posibles violaciones de las leyes de privacidad y el alcance de los individuos cuyos datos fueron expuestos, lo que impulsa llamados a una mayor supervisión del acceso de DOGE a los sistemas gubernamentales y una reevaluación de los protocolos de seguridad.
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