Hace tres semanas, 238 migrantes venezolanos fueron trasladados en avión desde Texas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, una medida autorizada por la administración Trump utilizando una ley raramente invocada. Documentos obtenidos por CBS News revelan que la gran mayoría de estos hombres no tienen antecedentes penales aparentes, lo que plantea serias dudas sobre la justificación de su detención y las condiciones que ahora enfrentan.
Hace tres semanas, 238 migrantes venezolanos fueron trasladados en avión desde Texas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, una medida iniciada por la administración Trump utilizando una ley que no se había invocado desde la Segunda Guerra Mundial. Esta acción fue justificada por afirmaciones de que todos estos individuos eran terroristas y miembros de pandillas violentas. Sin embargo, documentos internos del gobierno obtenidos revelan una imagen muy diferente, indicando que la gran mayoría de estos migrantes no tienen condenas penales aparentes ni siquiera cargos criminales. Ahora están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, o CECOT, una instalación descrita por el ministro de Justicia de El Salvador como un lugar donde la única salida es en un ataúd.
Entre los deportados se encuentran individuos con vidas aparentemente ordinarias antes de su detención. El texto destaca los casos de un maquillador, un futbolista y un repartidor de comida. Uno de estos individuos es Andry Hernández Romero, un maquillador venezolano de 31 años y hombre gay que formaba parte de una compañía de teatro. Su abogada, Lindsay Toczylowski, afirma que no tiene antecedentes penales en Estados Unidos ni en Venezuela y que abandonó su país natal debido a la persecución por su orientación sexual y sus opiniones políticas. Andry tuvo una entrevista de temor creíble en Estados Unidos, y el gobierno consideró creíbles sus amenazas, lo que sugiere un caso de asilo sólido. A pesar de esto, “desapareció” de la custodia y no compareció a una audiencia judicial, solo para ser identificado más tarde en fotografías tomadas en el CECOT, esposado y con la cabeza rapada.
El gobierno ha ofrecido información mínima sobre los hombres deportados, pero los documentos obtenidos proporcionan una lista de sus identidades y cualquier información criminal conocida. El cruce de referencias con varios registros reveló que al menos el 22% de los hombres tienen antecedentes penales en Estados Unidos o en el extranjero, principalmente por delitos no violentos como robo, hurto y allanamiento. Aproximadamente una docena están acusados de delitos más graves. Para el 3%, la existencia de antecedentes penales no está clara. Crucialmente, el texto afirma que no se pudieron encontrar antecedentes penales para el 75% de los venezolanos, 179 hombres, ahora encarcelados en El Salvador. Esto contradice directamente las afirmaciones iniciales del gobierno de que todos eran terroristas y miembros de pandillas violentas.
En respuesta a estos hallazgos, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que muchos de los que no tienen antecedentes penales “en realidad son terroristas, abusadores de los derechos humanos, gánsteres y más. Simplemente no tienen una hoja de antecedentes en Estados Unidos”. El zar fronterizo Tom Homan afirmó que los agentes de inmigración realizaron controles rigurosos para confirmar la pertenencia al Tren de Aragua, una pandilla venezolana. Sin embargo, la evidencia presentada en el tribunal de inmigración para individuos como Andry se basó a menudo en tatuajes y publicaciones en redes sociales. Para Andry, el gobierno citó fotos de sus tatuajes de corona como posibles símbolos del Tren de Aragua. Su abogado argumenta que estos tatuajes tienen una explicación plausible que no es de pandillas, ya que están encima de los nombres de sus padres, lo que sugiere que representan a su “rey y reina”.
De manera similar, Jerce Reyes Barrios, otro migrante venezolano, fue vinculado al Tren de Aragua basándose en una publicación de Facebook de hace 14 años que lo mostraba haciendo un gesto que los oficiales consideraron una señal de pandilla. Su novia declaró que estaba relacionado con el rock and roll. Su tatuaje de corona también fue señalado como un símbolo de pandilla, a pesar de estar encima de un balón de fútbol y honrar a su equipo favorito, el Real Madrid, cuyo logotipo incluye una corona. Los analistas de crimen organizado confirman que, a diferencia de algunas pandillas salvadoreñas con tatuajes distintivos, los tatuajes no son un indicador fiable de pertenencia al Tren de Aragua. Esto plantea preguntas importantes sobre la base de las afirmaciones del gobierno sobre la afiliación a pandillas.
El desafío legal contra esta deportación está siendo liderado por Lee Gelernt, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles. Argumenta que si bien las personas aquí ilegalmente sin derecho a permanecer pueden ser deportadas a su país de origen, y aquellos que cometen delitos pueden ser procesados en Estados Unidos, el método empleado por la administración Trump es problemático. Enfatiza que el uso de la autoridad en tiempos de guerra sin supervisión, como se invoca a través de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, abre la puerta a acciones arbitrarias y posibles violaciones del debido proceso. Esta ley permite al presidente remover a los no ciudadanos sin audiencias de inmigración en tiempos de guerra o invasión, un poder históricamente entendido para ser usado contra gobiernos extranjeros, no contra organizaciones criminales.
Además, Gelernt cuestiona el derecho legal de Estados Unidos a enviar a individuos deportados de su país a una prisión extranjera. Señala que incluso durante la Segunda Guerra Mundial, la última vez que se utilizó esta autoridad, los individuos fueron enviados de regreso a sus países de origen, no a prisiones extranjeras. Destaca la ironía de que incluso durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían derecho a impugnar su designación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, lo que sugiere que a los hombres venezolanos se les está otorgando menos proceso del que se les dio a los nazis. Esto subraya la gravedad de la situación y el potencial de violaciones de los derechos humanos.
Para añadir a la controversia, el juez de distrito de Estados Unidos James Boasberg ordenó a la administración Trump que hiciera dar la vuelta a los aviones antes de que llegaran a El Salvador. A pesar de esta orden verbal y escrita, los aviones hicieron una parada en Honduras y luego continuaron hacia El Salvador. El gobierno de Estados Unidos ha revelado muy pocos detalles sobre la operación, invocando el “Privilegio de Secretos de Estado” y “litigios en curso” como razones para no comentar sobre acusaciones individuales o incluso confirmar detalles sobre los aviones. Esta falta de transparencia alimenta aún más las preocupaciones sobre la legalidad y la justificación de las deportaciones.
Según los informes, la administración Trump está pagando al gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, 6 millones de dólares para albergar a estos prisioneros. Los abogados y familiares de los venezolanos han informado que no han tenido contacto con los hombres desde su llegada. La incertidumbre que rodea su destino es inmensa. El hermano menor de Alirio Antonio Fuenmayor, Alirio Guillermo, un repartidor de comida sin antecedentes penales, fue uno de los enviados a El Salvador. Su hermano expresa su temor, afirmando que Alirio Guillermo es una persona inocente en una prisión de máxima seguridad. Lee Gelernt, de la ACLU, reconoce el peligro real de que estos individuos permanezcan en El Salvador, posiblemente sin volver a ver la luz del día, incluso si no tienen vínculos con pandillas. Esto plantea profundas preguntas sobre la justicia, el debido proceso y el trato a los migrantes según la ley estadounidense.
El gobierno de EE. UU. deportó a 238 migrantes venezolanos, muchos sin antecedentes penales, a una prisión salvadoreña bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, alegando vínculos con la banda Tren de Aragua basados en tatuajes y redes sociales. A pesar de una orden judicial para detener las transferencias, las deportaciones continuaron, generando serias preocupaciones legales y humanitarias sobre el debido proceso, la detención indefinida y el daño irreversible a inocentes. Este uso sin precedentes de autoridad en tiempos de guerra para eludir protecciones legales exige escrutinio y plantea profundas preguntas sobre el futuro de la política de asilo e inmigración.
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