El gobierno de Estados Unidos ha anunciado una nueva política según la cual los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) revisarán las redes sociales de los inmigrantes en busca de actividad antisemita como posible motivo para denegar los beneficios de inmigración. Esta decisión, enmarcada como una medida para proteger al país de los extremistas, se produce en medio de crecientes tensiones relacionadas con el conflicto entre Israel y Hamás y las recientes detenciones de activistas pro-palestinos acusados de antisemitismo.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha iniciado una nueva política para examinar las redes sociales de los inmigrantes en busca de evidencia de actividad antisemita. Esta revisión servirá como motivo para denegar las solicitudes de beneficios de inmigración, lo que afectará a las personas que solicitan el estatus de residencia permanente y a los ciudadanos extranjeros asociados con instituciones educativas. Esta política es efectiva de inmediato, según anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.
La justificación de esta política, según el DHS, es “proteger la patria de extremistas y extranjeros terroristas, incluidos aquellos que apoyan el terrorismo antisemita, las ideologías antisemitas violentas y las organizaciones terroristas antisemitas como Hamás, la Yihad Islámica Palestina, Hezbolá o [los hutíes]”. Tricia McLaughlin, Subsecretaria Adjunta de Asuntos Públicos del DHS, enfatizó aún más este punto, afirmando: “No hay lugar en los Estados Unidos para los simpatizantes del terrorismo del resto del mundo, y no tenemos ninguna obligación de admitirlos ni de permitirles quedarse aquí”. Esto articula claramente la postura de la administración de que apoyar o participar en actividades consideradas antisemitas, particularmente aquellas vinculadas a organizaciones terroristas designadas, es un factor descalificador para los beneficios de inmigración.
Este anuncio sigue a casos recientes de alto perfil que involucran los arrestos y detenciones de activistas estudiantiles pro-palestinos, como Mahmoud Khalil y Rumeysa Ozturk. El gobierno ha alegado que estos individuos participaron en actividades antisemitas, aunque sus abogados han negado estas acusaciones. Estos casos parecen haber servido como catalizador para la implementación de esta nueva política de revisión de redes sociales, destacando el mayor enfoque de la administración en monitorear y abordar el antisemitismo percibido dentro de ciertas comunidades.
Sin embargo, la política ha recibido críticas significativas de grupos de libertades civiles y de defensa. Edward Ahmed Mitchell, subdirector nacional del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), expresó su preocupación por el impacto potencial de la política en la libertad de expresión. En un comunicado a NPR, Mitchell comparó la política con el “espíritu de Joseph McCarthy”, argumentando que la administración está “caracterizando deshonestamente las críticas legítimas a los crímenes de guerra del gobierno israelí en Gaza como antisemitas” y participando en “cazas de brujas en las universidades estadounidenses”. También afirmó que la política amenaza los derechos de libertad de expresión de los inmigrantes, sugiriendo que podría sofocar la expresión política legítima.
Sumándose a las críticas, J-Street, un grupo que se identifica como pro-Israel, pro-paz y pro-democracia, también desaprobó la nueva política. Jeremy Ben-Ami, el presidente del grupo, declaró que “La lucha contra el antisemitismo no avanzará mediante ataques a los derechos estadounidenses consagrados desde hace 250 años, como la libertad de expresión”. Ben-Ami también cuestionó la sinceridad de la administración, señalando que “Los propios designados de la administración Trump tienen cuentas de redes sociales plagadas de antisemitismo”, lo que, en su opinión, socava sus afirmaciones de que estos “ataques totalitarios a la educación superior y a los inmigrantes harán que los estadounidenses judíos estén más seguros y que están motivados por una preocupación genuina por nuestro bienestar”. Esta crítica sugiere que la política puede ser más sobre posturas políticas que un esfuerzo genuino para combatir el antisemitismo.
La administración, de hecho, ha intensificado sus esfuerzos de aplicación en entornos educativos en las últimas semanas. La publicación de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en X el mes pasado ejemplifica este enfoque. Ella declaró: “Es un privilegio que se le conceda una visa para vivir y estudiar en los Estados Unidos de América. Cuando se aboga por la violencia y el terrorismo, ese privilegio debe ser revocado y no se debe estar en este país”. Esta declaración subraya la posición de la administración de que abogar por la violencia o el terrorismo, que parecen vincular a ciertas formas de expresión, es motivo para revocar los privilegios de inmigración, particularmente para aquellos en instituciones educativas.
El gobierno de EE. UU. ahora revisa las redes sociales de los inmigrantes en busca de antisemitismo, pudiendo negar beneficios migratorios según los hallazgos. Esta política, presentada como medida contra el extremismo, ha sido criticada por grupos como CAIR, que acusan al gobierno de confundir la crítica a las políticas israelíes con antisemitismo y de infringir la libertad de expresión. J-Street también se opone a la política, destacando la hipocresía dada la presencia de contenido antisemita en las redes sociales de funcionarios del gobierno. La medida sigue a recientes arrestos de activistas pro-palestinos y a una intensificación de la aplicación de la ley en entornos educativos. Se considera el efecto disuasorio que esta política podría tener en el diálogo abierto y el potencial de malas interpretaciones de la expresión política legítima.
Leave a Reply