Los países han alcanzado un acuerdo histórico para reducir las emisiones de la industria naviera mundial, que representa aproximadamente el 3% de las emisiones globales y que históricamente ha tenido dificultades para descarbonizarse. Después de casi una década de negociaciones en la Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU, el acuerdo exige combustibles cada vez más limpios para los barcos a partir de 2028, o la imposición de multas.
Después de casi una década de negociaciones, se ha alcanzado un acuerdo global para abordar las emisiones del transporte marítimo, lo que marca un paso significativo hacia la descarbonización de la industria. Este acuerdo, que cubre la gran mayoría del transporte marítimo comercial del mundo, exige que los armadores utilicen combustibles más limpios a partir de 2028 o enfrenten sanciones económicas.
Sin embargo, el acuerdo no estuvo exento de desafíos. El proceso estuvo a punto de descarrilarse por la solicitud de voto de último minuto de Arabia Saudita y la retirada temporal de Estados Unidos de las conversaciones en Londres. A pesar de estos obstáculos, el acuerdo finalmente se aprobó el viernes en la reunión de la Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU.
Un elemento clave del acuerdo es la sanción económica impuesta a los buques. Los propietarios de grandes buques internacionales serán penalizados con hasta 380 dólares por tonelada de emisiones de dióxido de carbono liberadas por la quema de combustible si no aumentan el uso de combustibles menos intensivos en carbono. Este mecanismo, destinado a incentivar la adopción de alternativas más limpias, es una novedad para una industria a escala internacional.
La aprobación del acuerdo no fue una decisión unánime. Arabia Saudita, junto con una docena de otras naciones productoras de petróleo, incluida Rusia, se opuso a la propuesta. Esta oposición condujo a una votación, un procedimiento inusual para los organismos de la ONU que suelen operar por consenso. A pesar de sus reservas, estas naciones están obligadas a implementar el acuerdo como miembros de la OMI.
Se estima que el impacto del acuerdo en la reducción de emisiones será una disminución del 8% para el sector para 2030, según la consultora marítima UMAS. Sin embargo, esto no alcanza el objetivo previamente acordado por la OMI de una reducción del 20% para finales de la década.
El acuerdo ha sido criticado desde varios frentes, particularmente por los pequeños estados insulares y los grupos ecologistas. Expresaron su decepción porque no se incluyó en el acuerdo final un impuesto o gravamen generalizado sobre el carbono, que habría sido el primero en el mundo. Consideraron el acuerdo como una versión diluida de lo que se esperaba inicialmente, y algunos lo calificaron de “inadecuado para su propósito”.
La postura de Estados Unidos sobre el acuerdo también fue notable. La delegación estadounidense se retiró de las conversaciones debido a preocupaciones sobre el fondo “Net Zero”, que recibirá el dinero recaudado de las sanciones y se utilizará para ampliar el uso de combustibles más ecológicos y apoyar a los países en desarrollo. Estados Unidos argumentó que un gravamen causaría inflación y amenazó con “medidas recíprocas” si se aprobaba.
La eficacia del acuerdo para reducir la brecha de costos entre los combustibles fósiles y las alternativas más ecológicas es un punto clave de discusión. El costo de producir combustibles respetuosos con el medio ambiente como el e-queroseno y el amoníaco es significativamente más alto, estimado entre 3 y 4 veces más caro que los combustibles tradicionales. Esta disparidad de costos es una barrera importante para la adopción generalizada.
Los expertos han opinado sobre el impacto potencial del acuerdo. Jesse Fahnestock, director de descarbonización del Foro Marítimo Global, considera el acuerdo como un compromiso y un primer paso significativo. Sin embargo, también expresó incertidumbre sobre si las sanciones son lo suficientemente fuertes como para impulsar la inversión necesaria en la producción de combustibles sostenibles.
Se espera que la implementación del acuerdo se adopte formalmente en octubre. Los fondos generados por las sanciones se asignarán a un fondo “Net Zero”, que se centrará en expandir el uso de combustibles más limpios y apoyar a las naciones en desarrollo en su transición.
Tras años de negociación, la OMI alcanzó un acuerdo global para reducir las emisiones del transporte marítimo, exigiendo combustibles más limpios o multas a partir de 2028. Aunque se celebra como un hito histórico en objetivos de emisiones obligatorios para la industria, el acuerdo enfrentó oposición y compromisos, destacando el rechazo a un impuesto al carbono generalizado. Persisten dudas sobre si las sanciones incentivarán suficientemente el costoso cambio a combustibles verdes y si el fondo “Net Zero” será lo suficientemente impactante, especialmente tras la retirada inicial de EE. UU. por preocupaciones de redistribución. El acuerdo, aunque imperfecto, marca un paso crucial, pero se necesita mucha más acción para descarbonizar realmente el sector marítimo y cumplir los objetivos climáticos.
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