La administración Trump está intentando rescindir 545 millones de dólares en fondos para la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB), que apoya a las emisoras de televisión y radio públicas como NPR y PBS. Esta medida, anunciada a través de un informe de Bloomberg que cita una fuente anónima, ha suscitado críticas de los legisladores y se produce en medio de la presión continua del presidente de la FCC, Brendan Carr, quien ha cuestionado la financiación de las organizaciones y el cumplimiento de la ley federal.
El artículo se centra en un posible plan de la administración Trump para retener fondos de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB). Específicamente, la Casa Blanca estaría planeando enviar un paquete de rescisión de fondos al Congreso, con el objetivo de cortar el apoyo financiero a entidades de radiodifusión pública como PBS y NPR.
El senador Ed Markey (D-Mass.) ha condenado enérgicamente la acción propuesta. Caracterizó el plan como “un ataque escandaloso e imprudente contra una de nuestras instituciones cívicas más confiables”, calificándolo de “sabotaje cultural”. Markey destacó la importancia de la televisión pública, citando programas como “PBS NewsHour” y “Sesame Street” como ejemplos de programación que empodera a los espectadores, particularmente a los jóvenes.
El proceso por el cual la administración Trump pretende llevar a cabo este recorte de fondos implica una maniobra de rescisión raramente utilizada. Según Bloomberg, la Casa Blanca tiene la intención de enviar el paquete al Congreso después del receso de Pascua, el 28 de abril. Esto iniciaría un período de 45 días durante el cual la administración podría retener legalmente los fondos. Si el Congreso rechaza el plan o no actúa, la administración estaría obligada a liberar los fondos de vuelta a los destinatarios previstos.
El procedimiento de rescisión, que requiere solo una votación por mayoría simple en el Senado, no está sujeto a un filibusterismo. Bloomberg señaló que los presidentes solo han utilizado este procedimiento dos veces desde 1979. Cabe destacar que un esfuerzo similar de Trump en 2018, dirigido a un paquete de recortes de gastos de $15 mil millones, fracasó en el Senado.
También se examina la estructura financiera de la CPB. En el año fiscal 2025, se prevé que los gastos de la CPB sean de $545 millones. Una parte significativa, el 66,9 por ciento, se asigna a la programación de televisión. La programación de radio recibe el 22,3 por ciento, y los fondos restantes se destinan a la administración y el apoyo.
Además, el artículo profundiza en las diversas fuentes de financiación de NPR y PBS, más allá de las subvenciones de la CPB. Los patrocinios corporativos son la mayor fuente de ingresos para NPR, representando el 36 por ciento de sus ingresos entre 2020 y 2024. NPR también recibe el 30 por ciento de su financiación de las tarifas pagadas por sus estaciones miembros. Estas estaciones miembros se benefician indirectamente de la financiación federal, ya que la CPB proporciona subvenciones anuales a las estaciones de radio públicas que, a su vez, pagan a NPR por la programación.
También se presenta la situación financiera de PBS. En el año fiscal 2024, PBS reportó gastos totales de $689 millones y mantuvo $348.5 millones en activos netos al final del año.
Añadiendo complejidad a la situación, NPR y PBS también se enfrentan al escrutinio del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr. En enero, Carr inició una investigación y pidió al Congreso que retirara los fondos a las organizaciones. Alegó que NPR y PBS habían violado una ley federal que prohíbe a las estaciones de radiodifusión educativas no comerciales emitir anuncios comerciales. Tanto NPR como PBS han mantenido que sus espacios de suscripción cumplen con la ley.
La administración Trump busca revocar $545 millones en fondos para la CPB, que apoya a NPR y PBS, una acción que críticos como el senador Markey califican de “sabotaje cultural”. Aunque NPR y PBS tienen diversas fuentes de financiación, incluyendo patrocinios corporativos y cuotas de estaciones afiliadas, la revocación, de tener éxito, impactaría significativamente la radiodifusión pública. Ante la presión del presidente de la FCC, Brendan Carr, quien cuestiona su cumplimiento de las regulaciones de publicidad, el futuro de los medios públicos pende de un hilo, planteando una pregunta crucial: ¿cuál es el verdadero valor de la programación educativa y accesible para todos los estadounidenses?
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