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Política Nacional

  • Renacimiento de la Ley de Seguridad Infantil en Línea

    Los legisladores se preparan para revivir la Ley de Seguridad Infantil en Línea (KOSA), un proyecto de ley significativo diseñado para regular las plataformas de redes sociales y proteger a los niños en línea. La legislación bipartidista fracasó previamente en la Cámara el año pasado, pero los partidarios son optimistas sobre sus posibilidades esta vez.

    Los legisladores están planeando activamente reintroducir la Ley de Seguridad Infantil en Línea (KOSA), una importante pieza legislativa destinada a regular las plataformas de redes sociales, antes del próximo feriado del Día de los Caídos. Esta información proviene directamente del senador Richard Blumenthal, quien confirmó los planes a NOTUS.

    En consecuencia, el objetivo principal de este esfuerzo renovado es revivir un proyecto de ley que previamente no logró ser aprobado. El proyecto de ley KOSA, que obtuvo apoyo bipartidista, lamentablemente se estancó en la Cámara de Representantes el año pasado.

    Sin embargo, los proponentes del proyecto de ley son optimistas sobre sus perspectivas en esta ocasión. Creen que el proyecto de ley será mejor recibido ahora que en el pasado. Este optimismo proviene de sus esfuerzos enfocados en abordar y aliviar las preocupaciones con respecto a la censura en línea, particularmente de los republicanos y los líderes de las empresas de redes sociales.

    De hecho, la naturaleza bipartidista del apoyo al proyecto de ley es crucial para su potencial éxito. La participación tanto de demócratas como de republicanos aumenta significativamente la probabilidad de que el proyecto de ley obtenga los votos necesarios para su aprobación tanto en la Cámara como en el Senado.

    Además, el representante Gus Bilirakis, un republicano que previamente patrocinó el proyecto de ley en la Cámara, expresó confianza en su progreso. Declaró a NOTUS: “Estamos trabajando en ello, y estoy trabajando con el liderazgo”. Esta declaración indica una colaboración y coordinación activas entre las partes interesadas clave.

    Asimismo, la declaración de Bilirakis enfatizó aún más el espíritu de colaboración en torno a la reintroducción del proyecto de ley. Agregó: “Estamos poniéndonos de acuerdo, esto va a avanzar”. Esto sugiere un esfuerzo concertado para resolver cualquier desacuerdo pendiente y asegurar un camino fluido para la legislación.

    Por lo tanto, la reintroducción de KOSA representa un intento renovado de abordar los posibles daños que enfrentan los niños en línea. El enfoque del proyecto de ley en la regulación de las plataformas de redes sociales destaca la creciente preocupación por el impacto de estas plataformas en el bienestar de los jóvenes.

    Además, los esfuerzos para calmar las preocupaciones sobre la censura en línea son un aspecto crítico de la estrategia del proyecto de ley. Abordar estas preocupaciones es esencial para asegurar el apoyo necesario de ambos lados del espectro político y de la propia industria de las redes sociales.

    En última instancia, el éxito de KOSA dependerá de la capacidad de los legisladores para navegar por el complejo panorama de la seguridad en línea, la libertad de expresión y los intereses de las empresas de redes sociales. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si esta legislación histórica finalmente puede convertirse en ley.

    Los legisladores buscan revivir la Ley de Seguridad Infantil en Línea antes del Día de los Caídos, abordando preocupaciones sobre la censura online que previamente frenaron el proyecto de ley en la Cámara. Con apoyo bipartidista y renovados esfuerzos para encontrar puntos en común, su aprobación parece más probable esta vez. La pregunta clave es si esta legislación protegerá realmente a los niños en línea sin sofocar la libertad de expresión.

  • Mandato Solar Desafía Crítica a Net Zero de Blair

    El gobierno del Reino Unido se dispone a obligar la instalación de paneles solares en casi todas las viviendas nuevas construidas en Inglaterra para 2027, una medida destinada a reducir las facturas de energía y reforzar el compromiso de la nación con los objetivos de cero emisiones netas. Este anuncio se produce en medio de un debate sobre la política climática, provocado por las recientes críticas del ex Primer Ministro Tony Blair, quien cuestionó la viabilidad práctica y la aceptación pública de las estrategias actuales de cero emisiones netas.

    El gobierno del Reino Unido está a punto de exigir la instalación de paneles solares en casi todas las viviendas nuevas en Inglaterra en los próximos dos años, una medida que señala un firme compromiso con su agenda de cero emisiones netas. Esta decisión, que se espera que sea legalmente obligatoria para 2027, se produce a raíz de las críticas del ex Primer Ministro Tony Blair sobre la viabilidad y el impacto económico de las políticas actuales de cero emisiones netas.

    La política, según informa The Times, se estima que aumentará el costo de construir una nueva vivienda entre £3,000 y £4,000. Sin embargo, se prevé que los propietarios ahorren más de £1,000 anuales en sus facturas de energía, lo que podría compensar la inversión inicial con el tiempo. Esta iniciativa se alinea con los objetivos más amplios del Partido Laborista, incluido el objetivo de construir 1,5 millones de viviendas para el final del parlamento actual y descarbonizar la red eléctrica para 2030, con la promesa de reducir las facturas de energía de los hogares en £300 al año.

    Además, el gobierno se está preparando para ofrecer incentivos financieros, como préstamos y subvenciones financiados por el gobierno, para fomentar la instalación de paneles solares en las viviendas existentes. Este enfoque integral demuestra una estrategia proactiva para acelerar la adopción de energía renovable en todo el sector de la vivienda.

    Este anuncio es una respuesta directa a las críticas de Tony Blair, quien abogó por un “reinicio radical” de las políticas de cero emisiones netas, afirmando que estaban “condenadas al fracaso” debido a su percibido costo financiero para el público y su mínimo impacto en las emisiones globales. La intervención de Blair, que tuvo lugar poco antes de las elecciones locales, provocó una reacción de los funcionarios del gobierno que se pusieron en contacto con el Instituto Tony Blair para el Cambio Global (TBI) para abordar las consecuencias. El TBI emitió posteriormente una declaración aclaratoria, reafirmando su apoyo a la política de cero emisiones netas del gobierno.

    Keir Starmer, el actual Primer Ministro, ha rechazado firmemente las críticas de Blair. Starmer enfatizó la importancia de abordar la crisis climática y reforzar la seguridad energética, afirmando que estas prioridades están “en el ADN de mi gobierno”. Esta postura subraya la determinación del gobierno de seguir adelante con sus objetivos ambientales a pesar de las voces disidentes.

    Sin embargo, las preocupaciones de Blair han resonado en algunos, incluido Unite, el segundo sindicato más grande del Reino Unido. Sharon Graham, secretaria general de Unite, se hizo eco de las críticas de Blair, destacando el impacto potencial en los trabajadores de las industrias en transición, como el reciente cierre de la refinería de petróleo de Grangemouth. Graham enfatizó la necesidad de invertir en la creación de empleo dentro del sector de las energías renovables, señalando la falta de inversión significativa en áreas como la fabricación de turbinas eólicas y el combustible de aviación sostenible. Advirtió contra la aplicación de políticas de cero emisiones netas sin abordar las consecuencias económicas para los trabajadores.

    La decisión del gobierno de exigir paneles solares en las viviendas nuevas ha sido ampliamente acogida por los activistas ambientales. Lily-Rose Ellis, activista climática de Greenpeace Reino Unido, elogió la medida, afirmando que ahorraría a los propietarios cientos de libras anuales en sus facturas de energía. Esta recepción positiva refleja el apoyo más amplio a las políticas que promueven la energía renovable y reducen la dependencia de los combustibles fósiles.

    Un portavoz del gobierno confirmó el compromiso de maximizar la instalación de paneles solares en las viviendas nuevas, enfatizando el papel de la tecnología en la reducción de las facturas, la mejora de la seguridad energética nacional y el logro de los objetivos de cero emisiones netas. El portavoz indicó que los planes finales para el Estándar de Viviendas del Futuro, que guiarán la implementación de la política, se anunciarán a su debido tiempo. Este compromiso destaca la visión a largo plazo del gobierno para un sector de la vivienda sostenible y energéticamente eficiente.

    Inglaterra exigirá paneles solares en casi todas las viviendas nuevas para 2027, con el objetivo de reducir las facturas de energía e impulsar los objetivos de cero emisiones netas, a pesar de las críticas de Tony Blair y las preocupaciones sobre la seguridad laboral durante la transición. Si bien los propietarios probablemente enfrentarán costos iniciales de construcción más altos, se proyectan ahorros a largo plazo y también se planea apoyo gubernamental para las viviendas existentes. El debate destaca el complejo equilibrio entre la ambición ambiental, las realidades económicas y la protección de la fuerza laboral, un desafío que exige una inversión proactiva en industrias verdes y una transición justa para los trabajadores.

  • Texas: Cámara aprueba ley sobre acceso a redes sociales para menores

    La Cámara de Representantes de Texas aprobó recientemente el Proyecto de Ley 186, un proyecto de ley que busca restringir el acceso de menores a las plataformas de redes sociales. La legislación, impulsada por la preocupación por la salud mental y la seguridad de los jóvenes, requeriría que las empresas de redes sociales verifiquen la edad de los usuarios y potencialmente prohíban a los menores de 18 años crear cuentas en Texas.

    La Cámara de Representantes de Texas aprobó recientemente el Proyecto de Ley 186, una legislación significativa destinada a restringir el acceso de menores a las plataformas de redes sociales. Este proyecto de ley, autoría del representante estatal Jared Patterson, refleja las crecientes preocupaciones sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental y la seguridad de los usuarios jóvenes. Patterson considera este proyecto de ley como una medida crucial, enfatizando los peligros potenciales de las redes sociales para los niños.

    Las preocupaciones de Patterson están profundamente arraigadas en las alarmantes estadísticas sobre la salud mental de los jóvenes. Destacó que las tasas de autolesiones se han “disparado”, específicamente un 48% para los niños y un asombroso 188% para las niñas debido al uso constante de las redes sociales. Además, señaló que las tasas de suicidio han aumentado, con un aumento del 91% para los niños y un 67% para las niñas. Para respaldar sus afirmaciones, Patterson citó un estudio reciente de Pew, que reveló que el 48% de los adolescentes admitió que las redes sociales perjudican a las personas de su edad.

    Además de las preocupaciones sobre la salud mental, Patterson también hizo referencia a un estudio del Wall Street Journal. Este estudio encontró que una cuenta de Instagram de un niño de 13 años estaba expuesta a contenido significativamente más dañino en comparación con los usuarios mayores. Específicamente, la cuenta vio tres veces más publicaciones prohibidas que contenían desnudos, 1.7 veces más violencia y 4.1 veces más contenido de acoso. Estos hallazgos subrayan aún más los riesgos potenciales que enfrentan los menores en las plataformas de redes sociales.

    El núcleo del Proyecto de Ley 186 se centra en restringir el acceso para los menores. El proyecto de ley prohibiría a las empresas de redes sociales permitir que personas menores de 18 años creen cuentas en Texas. Para garantizar el cumplimiento, las plataformas estarían obligadas a implementar medidas de verificación de edad. Estas medidas podrían incluir el uso de métodos comercialmente razonables que se basen en datos transaccionales públicos o privados, como la carga de una identificación con foto. Sin embargo, el proyecto de ley aclara que las cuentas podrían permanecer públicamente anónimas, lo que significa que los usuarios no se verían obligados a usar sus nombres o fotos reales, siempre que se verifique su edad.

    El proyecto de ley ha generado debate, particularmente con respecto a las preocupaciones sobre la privacidad de los datos. La representante estatal Erin Zwiener expresó su preocupación de que el proyecto de ley pudiera llevar a las empresas de redes sociales a recopilar aún más datos sobre los texanos. Destacó la extensa información que estas plataformas ya poseen sobre los usuarios. Patterson respondió reconociendo la gran cantidad de datos que las empresas de redes sociales ya tienen, sugiriendo que el proyecto de ley no necesariamente exacerbaría la situación.

    Otra preocupación planteada por el representante estatal Gene Wu se relacionó con los posibles impactos en el discurso político. Temía que las personas pudieran dudar en compartir información en las plataformas de redes sociales debido a las filtraciones de datos anteriores. Patterson simpatizó con esta preocupación, pero reiteró que las empresas de redes sociales ya tienen acceso a una cantidad significativa de datos personales.

    A pesar de estas preocupaciones, el proyecto de ley incluye disposiciones para abordar los derechos de los padres. Los padres podrían solicitar que las empresas de redes sociales cierren las cuentas existentes de sus hijos. Además, el proyecto de ley faculta a la Oficina del Fiscal General de Texas para tomar medidas contra las plataformas que no cumplan, considerándose las violaciones prácticas comerciales engañosas según la ley de Texas.

    Patterson aboga firmemente por el proyecto de ley, enfatizando la necesidad de proteger a los niños de lo que considera comportamientos dañinos y adictivos. Citó un artículo de opinión en el New York Times del ex Cirujano General de EE. UU. Vivek Murthy, quien advirtió sobre los efectos perjudiciales de las redes sociales en los menores, comparándolo con la naturaleza adictiva de los cigarrillos. Patterson se hizo eco de este sentimiento, afirmando que las redes sociales son “el cigarrillo moderno” y que el estado necesita abordar el daño potencial a toda una generación.

    Para ilustrar aún más su punto, Patterson trazó un paralelismo entre las regulaciones propuestas y las leyes existentes que requieren la verificación de edad para los sitios web de pornografía. Esta comparación subraya su creencia de que las redes sociales plantean un nivel de riesgo similar para los menores y, por lo tanto, justifican medidas de protección similares.

    Sin embargo, el proyecto de ley también ha enfrentado críticas. El representante estatal Mitch Little expresó su preocupación de que el proyecto de ley pudiera obstaculizar la capacidad de los niños para ganar dinero a través de contenido monetizado en las redes sociales y también podría impactar negativamente la capacidad de los atletas estudiantiles para usar las redes sociales con fines de reclutamiento. Patterson respondió aclarando que los padres aún podrían crear páginas de redes sociales para resaltar las actividades de sus hijos.

    El proyecto de ley ahora pasa al Senado para su consideración. Si pasa el Senado y es firmado por el gobernador Greg Abbott, la prohibición de las redes sociales para menores entraría en vigor el 1 de enero de 2026.

    En un desarrollo relacionado, la Cámara de Representantes de Texas también aprobó el Proyecto de Ley 499, autoría de la representante estatal Mary Gonzalez. Este proyecto de ley exige que las empresas de redes sociales muestren una etiqueta de advertencia sobre la relación entre el uso de las redes sociales por parte de menores y los problemas de salud mental. La advertencia aparecería cada vez que un usuario abra la aplicación y requeriría un reconocimiento antes de continuar. La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas se encarga de determinar el contenido de la advertencia. Si se aprueba, las plataformas de redes sociales estarían obligadas a cumplir antes del 1 de abril de 2026.

    Texas aprobó el Proyecto de Ley 186, que restringe el acceso de menores a las redes sociales mediante la verificación de edad y solicitudes de cierre de cuentas parentales, con el objetivo de abordar preocupaciones sobre la salud mental juvenil. Si bien los defensores destacan posibles daños y establecen paralelos con la regulación del tabaco, los críticos expresan preocupación por la privacidad de los datos y la libertad de expresión. El proyecto de ley complementario, HB 499, propone etiquetas de advertencia sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental. El proyecto de ley ahora se traslada al Senado, con implementación prevista para 2026, lo que suscita un debate crucial sobre el equilibrio entre la seguridad digital y las libertades individuales. Es fundamental una mayor exploración de los impactos psicológicos de las redes sociales en los jóvenes para informar el uso responsable de la tecnología y la política.

  • Formación Desplaza la Cobertura Política del “Carrera” a Temas Sustanciales

    Los medios de comunicación se esfuerzan cada vez más por interactuar más profundamente con sus comunidades y mejorar la transparencia en sus informes. Una nueva investigación de la Universidad de Kansas ha descubierto que la capacitación en participación periodística está comenzando a cambiar la cobertura política, reduciendo la prevalencia de las noticias sobre la “carrera de caballos” y produciendo contenido más sustancial y orientado a la comunidad.

    Los medios de comunicación de todo el país buscan activamente formas de profundizar su compromiso con las comunidades y mejorar la transparencia en sus prácticas informativas. Un estudio reciente realizado por la Universidad de Kansas, centrado en el impacto de la capacitación en compromiso periodístico, revela un cambio prometedor en la cobertura política.

    Específicamente, la investigación indica una reducción en las historias de “carrera de caballos”, que a menudo se centran en quién gana o pierde las elecciones, y un aumento correspondiente en el contenido sustantivo y orientado a la comunidad. Este cambio se atribuye al programa de capacitación Democracy SOS, que ha estado trabajando con periodistas y medios de comunicación a nivel nacional.

    El principal problema con la cobertura tradicional de “carrera de caballos” es su tendencia a presentar las campañas en un formato binario simplista, a menudo engañoso. Este enfoque pasa por alto las complejidades de los temas en juego y no aborda las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos. Margarita Orozco, profesora asistente de periodismo y comunicaciones de masas en la Universidad de Kansas, destaca este problema, enfatizando la importancia de ir más allá de la cobertura superficial para profundizar en los matices de los temas políticos y ofrecer soluciones a los problemas de la comunidad.

    El programa de capacitación Democracy SOS, que fue el foco del estudio, tiene como objetivo abordar estas deficiencias equipando a los periodistas con herramientas para impulsar el compromiso, reducir las historias de “juego”, aplicar marcos de soluciones a los problemas políticos y aumentar la transparencia en sus informes. El equipo de investigación, dirigido por Orozco, analizó miles de historias de 19 medios de comunicación que participaron en la capacitación, comparando su cobertura en los años 2018, 2020 y 2022.

    Los hallazgos del estudio demuestran que el programa de capacitación ha influido de hecho en la cobertura política. Los investigadores plantearon la hipótesis de que la cobertura de 2022 exhibiría menos encuadre de “carrera de caballos”, más enfoques orientados a las soluciones, mayor transparencia en los informes y mayor compromiso en los informes en comparación con la cobertura de 2018. El análisis confirmó las cuatro hipótesis, con diversos grados de significancia estadística.

    Un hallazgo clave del estudio es la reducción del encuadre de “carrera de caballos”. En 2018, aproximadamente el 27% de las historias analizadas emplearon este encuadre. Para 2022, este porcentaje había disminuido al 13%. Este cambio es significativo porque aleja el enfoque de la cobertura superficial y los concursos de popularidad, que pueden alienar a los ciudadanos del proceso democrático al subrepresentar o ignorar temas importantes.

    El estudio también reveló un aumento significativo en la transparencia en las prácticas de información. En 2018, solo el 6% de las historias incluían un mensaje sobre cómo se informó la historia. Esta cifra subió al 7% en 2020 y saltó al 20% en 2022. Las medidas de transparencia incluyeron elementos como recuadros que explicaban el proceso de información, la identificación de las personas involucradas y el resumen de las consideraciones éticas.

    Además, la investigación demostró un aumento en la cobertura orientada a las soluciones. Este tipo de cobertura se centra en investigar cómo las personas están progresando contra problemas importantes. La cobertura orientada a las soluciones aumentó del 7% a entre el 8% y el 14% en los tres puntos de comparación. Un ejemplo citado en la investigación es una historia sobre la insuficiencia de vivienda que examinó cómo votaron los líderes locales y qué deberían saber los ciudadanos sobre el tema.

    Finalmente, el estudio destacó un aumento sustancial en los informes de compromiso. Esta práctica implica involucrar activamente a las audiencias en el proceso de información para identificar y abordar los problemas que consideran importantes. Los informes de compromiso aumentaron del 6% de las historias en 2018 al 15% en 2020 y al 27% en 2022. Este cambio se aleja de simplemente informar sobre encuestas o estrategias de campaña y, en cambio, invita a la participación de la audiencia.

    La investigación, coescrita por Sue Robinson de la Universidad de Wisconsin-Madison y Joshua Darr de la Universidad de Syracuse, se publicó en la revista Journalism & Mass Communication Quarterly. Orozco enfatiza que el estudio demuestra la efectividad de la capacitación de Democracy SOS para alentar a los periodistas a reducir la cobertura en blanco y negro.

    Los hallazgos del estudio sugieren que el programa de capacitación ha tenido un impacto positivo en las prácticas periodísticas. Orozco cree que la capacitación puede ayudar a reducir la polarización y la desconfianza en los motivos de los medios, al tiempo que produce una población mejor informada. Ella enfatiza que el énfasis en los ganadores y perdedores en la cobertura electoral puede llevar a los ciudadanos a buscar información que refuerce sus creencias existentes, lo que podría hacer que pierdan de vista los problemas que realmente importan.

    Un estudio de la Universidad de Kansas demuestra que la capacitación en periodismo de compromiso transformó significativamente la cobertura política, disminuyendo las narrativas de “carrera electoral” y aumentando el contenido sustantivo y centrado en la comunidad. El análisis de noticias reveló una marcada disminución de las competencias de popularidad centradas en las elecciones, mayor transparencia en la información, un aumento de la cobertura orientada a soluciones y una mayor participación de la audiencia. Esta investigación subraya el potencial de la capacitación específica para fomentar una población más informada y menos polarizada, un paso crucial para revitalizar la confianza en los medios y fortalecer los procesos democráticos.

  • La FCC de Trump: Regulación como Arma contra la Prensa y los Consumidores

    En menos de 100 días, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha experimentado una transformación dramática, pasando de ser una agencia reguladora centrada en la supervisión de medios y telecomunicaciones a lo que los críticos describen como una herramienta para promover la agenda del presidente Donald J. Trump. Este cambio ha generado preocupación sobre la imparcialidad de la agencia y su potencial para suprimir la disidencia y priorizar los intereses políticos sobre la protección del consumidor.

    Bajo el liderazgo del presidente Brendan Carr, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha sufrido una transformación significativa, pasando de ser un organismo regulador centrado en la supervisión de medios y telecomunicaciones a una agencia percibida como una herramienta de represalias políticas y el avance de una agenda ideológica específica. Este cambio, que se produce en un plazo relativamente corto, ha alarmado a los expertos en políticas de medios y telecomunicaciones, quienes acusan a Carr de abusar de la autoridad de la agencia para atacar a los adversarios percibidos de la administración Trump.

    Una de las principales críticas dirigidas a la FCC de Carr es su presunto enfoque en acosar a empresas y organizaciones que no se alinean con las opiniones políticas del expresidente Donald Trump. Esto se evidencia en el inicio de “pseudo-investigaciones” a medios de comunicación y empresas críticas con la administración. Por ejemplo, la FCC ha apuntado a Paramount/CBS, que planea una fusión de 8.000 millones de dólares con Skydance, tras la demanda legalmente dudosa de Trump contra CBS por las ediciones realizadas a una entrevista de 60 Minutes. Expertos de todo el espectro ideológico han condenado esta acción como un intento de sofocar la libertad de expresión periodística.

    Además, la FCC bajo Carr ha sido acusada de utilizar su autoridad como arma para censurar y controlar el periodismo. Esto se destaca por las amenazas de revocar las licencias de emisión de emisoras locales que se dedican a un periodismo desfavorable a la administración. Esto incluye investigaciones sobre las licencias de emisión locales de NBC propiedad de Comcast, debido a la desaprobación de la administración de la cobertura de MSNBC de un caso específico. Estas acciones han llevado a un grupo bipartidista de antiguos funcionarios de la FCC a calificar las acciones de Carr como la conversión de la FCC en el “censor personal de la Casa Blanca”.

    Además de atacar a los medios de comunicación, la FCC de Carr también ha sido criticada por su postura sobre la protección del consumidor y su aparente disposición a desmantelar las regulaciones existentes. Por ejemplo, la FCC ha tomado medidas para deshacer los esfuerzos para abordar la discriminación en el despliegue de banda ancha y ha insinuado planes para poner fin a la supervisión de la FCC de cuestiones como los límites de uso depredadores y las tarifas encubiertas. Esto se considera un movimiento para beneficiar a las grandes corporaciones a expensas de los consumidores.

    Además, las acciones de la FCC se perciben como parte de un esfuerzo más amplio para socavar el estado administrativo y limitar la supervisión regulatoria. Esto está respaldado por el fallo Loper Bright de la Corte Suprema, que ha debilitado efectivamente la independencia de los reguladores estadounidenses. Los esfuerzos de Carr se consideran que proporcionan cobertura para acciones menos llamativas, como garantizar que la FCC no pueda impugnar las prácticas de los grandes proveedores de banda ancha.

    El cambio en las prioridades de la FCC también se refleja en su enfoque de los derechos civiles y las iniciativas de diversidad. Carr ha iniciado investigaciones sobre empresas como Verizon y Disney, alegando violaciones de las regulaciones de igualdad de oportunidades de empleo y promoviendo “formas odiosas de discriminación DEI”. Expertos legales han cuestionado la base legal de estas investigaciones, sugiriendo que su propósito principal es intimidar a las empresas y obligarlas a alinearse con la agenda de la administración.

    Las consecuencias de estas acciones son de gran alcance, y expertos como Gigi Sohn sugieren que las acciones de la FCC están diseñadas para intimidar a los regulados y obligarlos a someterse a la voluntad de la administración. Esto ha generado preocupación por la erosión de la protección del consumidor, la supresión de la libertad de expresión y la normalización de la discriminación.

    A la luz de estos acontecimientos, los expertos instan a un cambio de enfoque a los niveles estatal y local. Abogan por que los estados fortalezcan su autoridad sobre la banda ancha, apoyen el desarrollo de redes de banda ancha de propiedad comunitaria y aprueben reformas de “derecho a reparar”. Esto se considera un paso necesario para llenar el vacío dejado por el debilitamiento de la supervisión regulatoria federal.

    Además, se enfatiza la importancia de un electorado informado, lo que requiere una reforma significativa de los medios de comunicación. Esto incluye defender la radiodifusión pública contra los ataques e invertir en instituciones de medios locales. El colapso del periodismo local de calidad ha resultado en desiertos de noticias, lo que lleva a un público desinformado o mal informado.

    En última instancia, la solución a largo plazo implica un enfoque más ambicioso, que incluya la financiación de los medios públicos en línea con las normas mundiales y la creación de medios de comunicación verdaderamente democráticos e independientes para reemplazar los modelos comerciales fallidos. Esto se considera crucial para proteger la democracia y garantizar una ciudadanía bien informada.

    El artículo concluye que la FCC, bajo Brendan Carr, sirvió a los intereses de Donald Trump, perjudicando la protección al consumidor, la diversidad mediática y la libertad de prensa. Ante la disminución de la supervisión federal, la defensa de un panorama mediático justo y accesible requiere acción local: apoyar el periodismo independiente, impulsar reformas estatales y exigir responsabilidad a quienes influyen en la información.

  • Ley de Censura Amenaza Libertad de Expresión y Privacidad Online

    Una nueva ley, la Ley TAKE IT DOWN, recientemente aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y que se dirige al escritorio del Presidente, tiene como objetivo abordar el problema de la difusión no consentida de imágenes íntimas. Sin embargo, los críticos advierten que la ley podría tener consecuencias no deseadas, lo que podría conducir a la censura del discurso legal y representar una amenaza para la privacidad y la seguridad en línea.

    La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó recientemente la Ley TAKE IT DOWN, una legislación que suscita importantes preocupaciones sobre la libertad de expresión y la censura en línea. Este proyecto de ley, que ya ha sido aprobado por el Senado y ahora espera la firma del Presidente, introduce un mecanismo potencialmente peligroso para que los poderosos influyan en la eliminación de discursos legales de las plataformas en línea. Un claro ejemplo del potencial de abuso es la intención expresada por el expresidente Trump de utilizar la ley para silenciar a sus críticos, lo que pone de manifiesto las implicaciones políticas de esta legislación.

    Además, el alcance de la disposición de eliminación de la Ley TAKE IT DOWN es alarmantemente amplio. Se extiende a una gama más amplia de contenido, específicamente cualquier imagen que contenga contenido íntimo o sexual, en comparación con las definiciones más estrechas de imagen íntima no consentida (NCII) que se encuentran en otras partes del proyecto de ley. Esta definición expansiva crea el riesgo de extralimitación, que podría abarcar una gran cantidad de contenido legal bajo su ámbito de aplicación.

    Además, la Ley carece de salvaguardias cruciales contra las solicitudes de eliminación maliciosas o frívolas. Sin protecciones adecuadas, el sistema es vulnerable al abuso, lo que permite a individuos o grupos utilizar la ley como arma para silenciar las voces disidentes o eliminar contenido que simplemente no les gusta. Esta falta de supervisión suscita serias preocupaciones sobre el potencial de censura y la supresión de la expresión legítima.

    En consecuencia, los proveedores de servicios en línea se verán obligados a depender en gran medida de filtros automatizados para cumplir con los requisitos de la Ley. Estos sistemas automatizados, conocidos por su imprecisión, a menudo marcan contenido legal como ilegal. Los comentarios de uso justo y los informes de noticias suelen quedar atrapados en la mira de estos filtros automatizados, lo que demuestra su contundencia y las posibles consecuencias no deseadas.

    Además, el ajustado plazo de la ley para la eliminación de contenido exacerba el problema. Las plataformas en línea deben eliminar el contenido marcado en un plazo de 48 horas, un período a menudo insuficiente para verificar si el discurso es realmente ilegal. Este plazo comprimido impone una carga indebida a los proveedores de servicios, especialmente a los más pequeños, que pueden carecer de los recursos para realizar investigaciones exhaustivas.

    Como resultado de estas limitaciones, los proveedores de servicios en línea probablemente optarán por actuar con cautela. Para evitar los riesgos legales asociados al incumplimiento, pueden optar por simplemente eliminar el contenido marcado en lugar de intentar verificar su legalidad. Esta censura preventiva silencia efectivamente el discurso, incluso si está protegido por la ley.

    El enfoque de la Ley para abordar el problema de las imágenes íntimas no consentidas también es problemático. En lugar de fortalecer las protecciones legales existentes para las víctimas, la Ley TAKE IT DOWN introduce un nuevo régimen de eliminación que es propicio para el abuso. Este enfoque presiona a las plataformas para que supervisen activamente el discurso, incluido el contenido que está actualmente encriptado, lo que representa una amenaza significativa para la seguridad y la privacidad en línea.

    En conclusión, si bien la intención detrás de la Ley TAKE IT DOWN puede ser abordar un problema grave, los defectos de la legislación superan sus posibles beneficios. La falta de salvaguardias, la dependencia de filtros automatizados y los plazos ajustados crean un sistema vulnerable al abuso y la censura. Los legisladores deberían priorizar el fortalecimiento y la aplicación de las protecciones legales existentes para las víctimas, en lugar de implementar nuevos regímenes de eliminación que podrían sofocar inadvertidamente la libertad de expresión y comprometer la seguridad en línea.

    La recién aprobada ley “TAKE IT DOWN” representa una amenaza significativa para la libertad de expresión y la privacidad en línea, al potencialmente permitir la censura de contenido legal debido a su amplio alcance, la falta de salvaguardas y la dependencia de filtros automatizados. En lugar de fortalecer la protección de las víctimas de la difusión no consentida de imágenes íntimas, corre el riesgo de incentivar a las plataformas a eliminar contenido de forma generalizada para evitar riesgos legales, socavando en última instancia la seguridad y la expresión en línea.

  • Ley “Derribar”: Un Desastre de Censura

    La Ley para Eliminar Contenido, destinada a abordar imágenes íntimas no consensuadas en línea, ha sido aprobada por la Cámara de Representantes a pesar de las preocupaciones generalizadas sobre su lenguaje vago, el potencial de abuso y su constitucionalidad.

    El artículo analiza la “Ley Take It Down”, un proyecto de ley recientemente aprobado que tiene como objetivo abordar las imágenes íntimas no consentidas en línea, pero que es ampliamente criticado por su potencial para ser utilizado como arma para la censura.

    **El diseño problemático de la Ley Take It Down**

    El problema central del proyecto de ley radica en su diseño defectuoso, que, según el autor, lo hace susceptible de abuso. El autor destaca tres problemas clave: el proyecto de ley es rechazado por aquellos a quienes se supone que ayuda, apoyado por aquellos que típicamente se oponen a la regulación, y todos los involucrados admiten que será abusado.

    El objetivo declarado del proyecto de ley es combatir la difusión de imágenes íntimas no consentidas en línea. Sin embargo, el autor argumenta que el enfoque del proyecto de ley es erróneo. En lugar de basarse en sistemas existentes y exitosos, el proyecto de ley crea un nuevo marco que combina requisitos vagos de “deber de cuidado” con duras sanciones penales. Esta combinación, sostiene el autor, es una receta para la censura.

    **El respaldo de Trump y el potencial de abuso**

    El autor señala el respaldo de Donald Trump al proyecto de ley como una señal particularmente reveladora de su potencial de abuso. Trump declaró abiertamente su intención de utilizar las disposiciones del proyecto de ley para censurar el contenido que personalmente no le gusta. Esta admisión, argumenta el autor, debería generar serias preocupaciones sobre la implementación del proyecto de ley.

    **Oposición de las partes interesadas clave**

    El artículo enfatiza que incluso la Cyber Civil Rights Initiative (CCRI), una organización dedicada a representar a las víctimas de imágenes íntimas no consentidas, ha expresado reservas sobre el proyecto de ley. Si bien apoya las disposiciones penales del proyecto de ley relacionadas con imágenes íntimas no consentidas auténticas, la CCRI tiene serias preocupaciones sobre los requisitos de informe y eliminación del proyecto de ley. La CCRI cree que el proyecto de ley es inconstitucionalmente vago y demasiado amplio, y carece de salvaguardias adecuadas contra el abuso. Estas fallas, argumenta la CCRI, son particularmente alarmantes dada la actual administración y su compromiso de hacer cumplir selectivamente las leyes con fines políticos.

    **Advertencias ignoradas por el Congreso**

    El autor señala que los grupos de derechos digitales como el Center for Democracy & Technology (CDT) y la Electronic Frontier Foundation (EFF) también han expresado preocupaciones sobre el potencial de abuso del proyecto de ley. Sin embargo, estas advertencias fueron en gran medida ignoradas por el Congreso. El autor argumenta que los estándares vagos del proyecto de ley, combinados con duras sanciones penales, crean una tormenta perfecta para la censura y el abuso.

    **El enfoque defectuoso de la Ley Take It Down**

    El artículo contrasta la Ley Take It Down con los sistemas existentes para abordar las imágenes íntimas no consentidas. El autor destaca la efectividad de sistemas como el sistema “Take It Down” de NCMEC y StopNCII.org, que son precisos, transparentes y se centran en el problema real. El autor argumenta que la Ley Take It Down, por el contrario, es más débil para abordar el problema real y más peligrosa para todos los demás.

    **La DMCA como estudio de caso para el abuso**

    El autor utiliza la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA) como un estudio de caso para el potencial de abuso de la Ley Take It Down. La DMCA, a pesar de las salvaguardias integradas, se ha utilizado para censurar el discurso legítimo a través de avisos de eliminación falsos. El autor argumenta que la Ley Take It Down, con aún menos protecciones y sanciones más severas, solo exacerbará este problema.

    **Opiniones y preocupaciones de expertos**

    El artículo incluye una declaración de Beeca Branum de CDT, quien califica la Ley Take It Down como una oportunidad perdida y advierte sobre sus peligrosas implicaciones para la libertad de expresión y la privacidad en línea protegidas por la Constitución. Branum argumenta que el texto ambiguo del proyecto de ley puede interpretarse para crear un requisito imposible para que las plataformas encriptadas de extremo a extremo eliminen contenido.

    **El papel de las voces progresistas**

    El autor expresa consternación por el apoyo al proyecto de ley de voces progresistas como Tim Wu y Zephyr Teachout. El autor considera impactante que estas personas defiendan un proyecto de ley que otorga un poder de censura sin precedentes a una administración a la que afirman oponerse.

    **La aprobación del proyecto de ley y sus implicaciones**

    El artículo concluye señalando que la Ley Take It Down ha sido aprobada abrumadoramente por la Cámara de Representantes. El autor predice que la administración Trump abusará del proyecto de ley y que los tribunales pueden ser el único recurso para salvarnos.

    La “Ley para Eliminar Contenido,” aunque busca combatir imágenes íntimas no consentidas, es profundamente defectuosa, probablemente inconstitucional, y corre el riesgo de ser utilizada como arma de censura, especialmente por la administración Trump. Su aprobación señala una preocupante tendencia a priorizar legislación defectuosa sobre soluciones probadas y a otorgar un poder sin precedentes a quienes probablemente abusen de él, un recordatorio contundente de que la vigilancia y los desafíos legales son cruciales para salvaguardar la libertad de expresión en línea.

  • Alta Rotación en Latinoamérica: Nuevos Datos y Dinámicas Institucionales

    Tanto las tasas muy bajas como las muy altas de rotación de las élites políticas son problemáticas: las primeras por sus tendencias oligárquicas, las segundas por un déficit en la rendición de cuentas, la profesionalización y la estabilidad de las políticas. ¿Cómo ha evolucionado la rotación legislativa en América Latina a lo largo del tiempo y cómo se comparan los países entre sí y con otras democracias en este aspecto? ¿La estructura básica de las instituciones legislativas de la región ayuda a explicar la variación en las tasas de rotación? Sorprendentemente, aunque la rotación se ha convertido en una preocupación apremiante de los estudios legislativos, así como de los debates políticos en muchos países latinoamericanos, hasta ahora han faltado datos comparativos sobre las tasas de rotación en la región y no se han realizado análisis comparativos de la rotación y sus determinantes dentro de la región.

    La rotación legislativa, la tasa a la que los miembros de una legislatura cambian de una elección a la siguiente, es un aspecto crítico de la gobernanza democrática. Tanto las tasas de rotación excesivamente bajas como las altas presentan desafíos. La baja rotación puede conducir a tendencias oligárquicas, mientras que la alta rotación puede socavar la rendición de cuentas, la profesionalidad y la estabilidad política. Esta nota de investigación profundiza en la evolución de la rotación legislativa en América Latina, comparando países y examinando la influencia de las configuraciones institucionales en estas tasas.

    El estudio presenta un conjunto de datos exhaustivo de las tasas de rotación legislativa en 17 países de América Latina, que abarcan 204 elecciones entre 1985 y 2023. Este conjunto de datos llena una brecha significativa en la investigación comparativa, ya que dichos datos han faltado previamente. La investigación tiene como objetivo describir los patrones de rotación en la región, analizar cómo se comparan los países entre sí y con otras democracias, y examinar empíricamente la relación entre las tasas de rotación y los arreglos institucionales.

    La investigación define la rotación legislativa como el porcentaje de miembros de la legislatura que cambian de una elección a la siguiente, centrándose en los legisladores elegidos a través de elecciones. Este enfoque se alinea con las definiciones establecidas utilizadas en los análisis comparativos de otras regiones. El estudio se basa en la literatura existente que se centra principalmente en las causas institucionales de la rotación, como los límites de mandato y la duración de los mandatos.

    El estudio reconoce el debate histórico en torno a la rotación, con la democracia ateniense favoreciendo la máxima rotación para evitar la concentración de poder y los Documentos Federalistas abogando por la estabilidad del personal para garantizar la coherencia de las políticas. La investigación contemporánea reconoce la tensión entre los beneficios de la profesionalidad de los legisladores y los aspectos positivos de la renovación democrática asociados con una mayor rotación.

    Las consecuencias de la rotación son multifacéticas. La alta rotación se ha relacionado con una menor producción legislativa y un mayor gasto en proyectos de capital, mientras que la baja rotación puede conducir a estructuras oligárquicas y una menor representación descriptiva de las mujeres. El estudio tiene como objetivo abordar estas consecuencias en el contexto latinoamericano.

    La investigación destaca la falta de datos comparativos sobre la rotación legislativa en América Latina, en contraste con la extensa literatura sobre Estados Unidos y Europa. El estudio busca analizar cómo se comparan los países de América Latina entre sí y con otras democracias en términos de rotación legislativa, llenando una importante brecha de investigación.

    El conjunto de datos revela que la tasa de rotación promedio en América Latina entre 1985 y 2023 es notablemente alta, con un 69,8%. Bolivia exhibe la tasa de rotación más alta con un 84,9%, seguida de otros países andinos. En contraste, El Salvador y Chile tienen tasas de rotación cercanas al 50%. Estas tasas son significativamente más altas que las observadas en Europa, donde la rotación promedio fue del 41,3% entre 1990 y 2015.

    El estudio señala que las tasas de rotación superiores al 50% se consideran “excesivas” y que el rango óptimo para la “política normal” es entre el 20% y el 40%. Los datos de América Latina sugieren que las tasas de rotación de la región están muy por encima de estos puntos de referencia. El estudio también compara las tasas de rotación de América Latina con las de otras regiones, como Europa Central y Oriental, Ghana y Corea del Sur, donde las tasas de rotación legislativa son generalmente inferiores al 50%.

    El estudio examina la dinámica de la rotación en países específicos de América Latina, destacando tendencias notables y cambios abruptos. Las tasas de rotación promedio más bajas se encuentran en Chile y El Salvador, pero ambos países han experimentado un aumento significativo de la rotación en los últimos años. Este aumento se atribuye a factores como el abandono del sistema electoral binominal en Chile y el auge de un político externo en El Salvador.

    Las reglas informales también influyen en los patrones de rotación. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) mantiene una regla de no reelección para sus legisladores, lo que contribuye a una alta rotación. En contraste, el FSLN nicaragüense ha permitido y alentado la reelección de sus legisladores, lo que ha llevado a una disminución gradual de la rotación.

    El estudio identifica cambios abruptos entre elecciones en las tasas de rotación, que son difíciles de explicar por determinantes sistemáticos. El fuerte aumento de las tasas de rotación en Panamá entre 2014 y 2019, del 50,7% al 80,3%, se atribuye a una campaña exitosa contra la reelección de legisladores. La interacción entre las reglas electorales y el cambio político repentino también es responsable de algunos patrones notables en las tendencias de rotación.

    El estudio investiga el papel de los arreglos institucionales en la configuración de la rotación, centrándose en la posibilidad de reelección, la duración de los mandatos legislativos y la naturaleza escalonada de las elecciones legislativas. Estos factores se analizan ya que influyen directamente en los horizontes temporales de los legisladores.

    El estudio señala que los países de América Latina son casi únicos en imponer límites de mandato a los legisladores a nivel nacional. Siete de los 18 países del estudio mantienen o solían mantener algún tipo de límite de mandato. El conjunto de datos excluye los casos en los que existía una prohibición de la reelección consecutiva. Sin embargo, los límites de mandato menos restrictivos, que permiten una o más reelecciones consecutivas, se conservan en el conjunto de datos.

    Las duraciones de mandato más largas están consistentemente vinculadas a tasas de rotación más altas. El estudio mide la duración del mandato como los días transcurridos desde la última elección. La renovación escalonada de los cuerpos legislativos a menudo se considera propicia para una mayor estabilidad del personal. El estudio plantea la hipótesis de que los mandatos escalonados conducen a un aumento de la rotación.

    El análisis utiliza modelos de regresión lineal jerárquica para probar las hipótesis. Los modelos controlan las diferencias contextuales, incluido el tamaño de cada cámara, el cambio en su tamaño y si el cuerpo legislativo forma parte de una estructura bicameral.

    Los resultados revelan una fuerte relación positiva entre la duración del mandato y la rotación. La presencia de límites de mandato que permiten un cierto número de reelecciones consecutivas también aumenta sustancialmente la rotación legislativa. Las elecciones escalonadas se asocian con una mayor rotación.

    Las variables de control muestran que los cambios en el tamaño de la cámara son importantes. Un aumento en el tamaño de la cámara se asocia con tasas de rotación más altas. El estudio concluye que otras variables institucionales, como el tamaño de la cámara y el bicameralismo, no están significativamente asociadas con la rotación.

    El estudio concluye que la rotación legislativa es un indicador importante de la calidad de la democracia. El conjunto de datos comparativos recientemente disponible revela que las tasas de rotación en América Latina son extremadamente altas en comparación con las democracias de otras regiones.

    Los hallazgos destacan una paradoja con respecto a la tendencia general de América Latina a adoptar límites de mandato legislativo. La región es el hogar (casi) exclusivo de los límites de mandato legislativo, lo que promueve aún más la rotación.

    El estudio encuentra una variación importante en América Latina, con algunas elecciones que presentan niveles de rotación moderados. Las fuerzas institucionales explican una gran parte de esta variación, con los límites de mandato, la duración del mandato, la presencia de elecciones escalonadas y los cambios en el tamaño de la legislatura que se asocian positivamente con tasas de rotación elevadas.

    El estudio sugiere que futuras investigaciones deberían explorar determinantes adicionales de la rotación legislativa latinoamericana. El conjunto de datos de rotación latinoamericana también podría usar la rotación como una variable independiente, lo que podría explicar los resultados del proceso político.

    El estudio señala que la rotación extrema de la región es parte de un fuerte sentimiento anti-incumbente que se siente en todo el continente. Este sentimiento se expresa en movilizaciones sociales, campañas, reglas internas de los partidos, la popularidad de los límites de mandato y el auge de los políticos externos. La variante latinoamericana del anti-incumbencia está profundamente arraigada en las sociedades y los imaginarios culturales de la región.

    América Latina presenta tasas de rotación legislativa excepcionalmente altas, superiores a las de otras democracias, impulsadas por factores como los límites de mandato, mandatos más largos y elecciones escalonadas. Si bien la alta rotación puede promover la renovación democrática, también plantea desafíos a la estabilidad política y la institucionalización. Investigaciones futuras deberían explorar el sentimiento anti-incumbente único de la región y su impacto en los resultados políticos, lo que exige una reevaluación crítica de los límites de mandato y sus consecuencias a largo plazo para la gobernanza democrática en América Latina.

  • Juez de Nevada Declara Inconstitucional Incautación de Datos de Torres Celulares

    La práctica de las fuerzas del orden de obtener “vaciados de torres” —colecciones masivas de datos de torres de telefonía móvil que incluyen información personal de potencialmente miles de usuarios— ha sido declarada inconstitucional por un juez de Nevada. Esta decisión se deriva de un caso que involucra a Cory Spurlock, acusado de tráfico de drogas y un plan de asesinato por encargo, donde la policía utilizó un vaciado de torre para conectar su teléfono a los lugares del crimen. El caso pone de relieve un creciente debate legal sobre los derechos de privacidad en la era digital y la medida en que las fuerzas del orden pueden acceder a datos personales.

    Un juez de Nevada ha declarado inconstitucional la práctica de los “vaciados de torres” – donde las fuerzas del orden obtienen grandes cantidades de datos personales de las torres de telefonía móvil. Esta resolución, sin embargo, permite que la evidencia obtenida a través de esta búsqueda inconstitucional se utilice en el caso específico.

    El problema central gira en torno a la Cuarta Enmienda, que protege a los individuos de registros e incautaciones irrazonables. Los vaciados de torres, por su propia naturaleza, implican la recopilación masiva de datos de numerosas personas, no solo del presunto delincuente. Como destaca el artículo, “Cuando la policía obtiene un vaciado de torre, no solo está buscando e incautando los datos de un presunto delincuente, sino que está examinando la información de todos los que estaban en el lugar”. Esta amplia recopilación de datos es un punto clave de controversia.

    Las torres de telefonía móvil registran regularmente la ubicación de los teléfonos en sus proximidades, aproximadamente cada siete segundos. Cuando las fuerzas del orden solicitan un vaciado de torre, esencialmente piden a las compañías de telecomunicaciones los números de teléfono y la información personal de cada dispositivo conectado a una torre específica durante un período de tiempo designado. La escala de esta recopilación de datos puede ser inmensa, potencialmente abarcando decenas de miles de números dependiendo del área.

    El caso ante el tribunal de Nevada involucra a Cory Spurlock, quien enfrenta cargos relacionados con el tráfico de marihuana y un plan de asesinato por encargo. Las fuerzas del orden utilizaron un vaciado de torre para vincular su teléfono celular con los lugares de los presuntos delitos. El equipo legal de Spurlock impugnó la admisibilidad de la evidencia, argumentando que el vaciado de torre constituía una búsqueda inconstitucional.

    La jueza, la jueza de distrito de EE. UU. Miranda M. Du, finalmente se puso del lado de los abogados de Spurlock en la cuestión constitucional central. Declaró explícitamente: “El Tribunal considera que un vaciado de torre es una búsqueda y la orden judicial que las fuerzas del orden utilizaron para obtenerlo es una orden general prohibida por la Cuarta Enmienda”. Esto establece un claro precedente legal con respecto a la inconstitucionalidad de los vaciados de torres.

    A pesar de esta clara conclusión, la jueza Du se negó a suprimir la evidencia en el caso de Spurlock. Citó la “excepción de buena fe”, argumentando que los agentes actuaron de buena fe cuando obtuvieron la orden judicial, sin saber que la búsqueda era inconstitucional. También señaló que la propia orden judicial no era inconstitucional en el momento en que se emitió. Esta decisión destaca las complejidades de aplicar los principios legales y equilibrar los derechos individuales con las necesidades de las fuerzas del orden.

    Esta resolución marca la primera vez que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos aborda directamente la constitucionalidad de los vaciados de torres. Sin embargo, no es un caso aislado. Un juez federal en Mississippi llegó a la misma conclusión en febrero, y el Departamento de Justicia ha apelado esa decisión.

    El panorama legal que rodea los vaciados de torres aún está evolucionando. El artículo sugiere que uno de estos casos tiene una “buena posibilidad” de llegar a la Corte Suprema, que entonces se vería obligada a pronunciarse sobre el tema. La Corte Suprema consideró previamente un tema relacionado en 2018 con *Carpenter v. Estados Unidos*, donde el FBI utilizó datos de ubicación de teléfonos celulares. Si bien el Tribunal dictaminó que obtener información histórica de la ubicación de sitios celulares sin una orden judicial violaba la Cuarta Enmienda, se negó específicamente a pronunciarse sobre la cuestión de los vaciados de torres.

    El alcance de los vaciados de torres se enfatiza aún más por el hecho de que el utilizado en el caso de Spurlock capturó los datos privados de 1.686 usuarios. Un testigo experto testificó que estos usuarios no consintieron en compartir sus datos de ubicación y no tenían forma de optar por no ser incluidos en los datos recuperados por la orden judicial. Esto resalta la naturaleza involuntaria de la recopilación de datos y el potencial de violaciones de la privacidad.

    Un juez de Nevada declaró inconstitucional la recopilación masiva de datos de torres de telefonía por parte de las fuerzas del orden, pero permitió el uso de pruebas obtenidas de una de estas recopilaciones en un caso. Esta decisión, la primera en el Noveno Circuito, resalta una importante violación de la privacidad a pesar de una orden judicial, y sigue a una decisión similar en Misisipi que ahora está en apelación. Dada la reticencia previa de la Corte Suprema a abordar definitivamente estas recopilaciones, es probable una futura sentencia sobre esta práctica, lo que plantea preguntas cruciales sobre el equilibrio entre la aplicación de la ley y la privacidad individual en la era digital.

  • Elecciones canadienses, amenazadas por desinformación y deepfakes

    Mientras Canadá se prepara para unas elecciones federales el 28 de abril, investigadores han descubierto que más de una cuarta parte de los canadienses han estado expuestos a contenido falso cada vez más sofisticado y polarizador políticamente en las redes sociales. Esto ocurre en medio de una preocupación más amplia sobre la desinformación en línea y una situación singular en la que las noticias canadienses ya no están permitidas en plataformas de Meta como Facebook e Instagram, debido a una disputa sobre la compensación por el contenido de noticias.

    Más de una cuarta parte de los canadienses se han encontrado con contenido político falso en las redes sociales, una tendencia preocupante mientras el país se prepara para una elección federal. Investigadores del Observatorio del Ecosistema Mediático de Canadá (MEO) han descubierto que este contenido es cada vez más sofisticado y polarizador políticamente, lo que genera alarma sobre el potencial de la desinformación en línea para influir en la elección.

    Específicamente, el informe del MEO destaca un aumento en los anuncios de Facebook que se hacen pasar por fuentes de noticias legítimas para promover esquemas de inversión fraudulentos, a menudo relacionados con criptomonedas. Esto es particularmente preocupante dado el contexto de la elección.

    La elección federal de Canadá es la primera votación nacional en la que no se permite compartir noticias canadienses en plataformas propiedad de Meta, incluidas Facebook e Instagram. Esta prohibición, iniciada en agosto de 2023, se deriva de una disputa entre Meta y el gobierno canadiense sobre la Ley de Noticias en Línea (Proyecto de Ley C-18). Esta legislación exige que plataformas como Meta compensen a los medios de comunicación por compartir su contenido. Meta consideró que la ley era “inviable” y optó por finalizar la disponibilidad de noticias para los canadienses.

    A pesar de la prohibición, más de la mitad de los canadienses aún obtienen noticias políticas de Facebook. Aengus Bridgman, director ejecutivo del MEO, señala que, si bien los usuarios pueden no percibirse conscientemente a sí mismos como lectores de noticias, aún se sienten informados por la plataforma. Sin embargo, esta información es de menor calidad que la que estaba disponible anteriormente.

    El informe enfatiza que la información más rica, precisa y verificada ya no es fácilmente accesible. También se está filtrando la información que podría contradecir las opiniones existentes de los usuarios.

    El equipo del MEO ha descubierto numerosas páginas de Facebook que promueven anuncios fraudulentos, con nuevas páginas que surgen diariamente. Si bien parte de este contenido tiene la intención de ser humorístico o irónico, en lugar de persuasivo, el potencial de daño persiste.

    La Amenaza a las Elecciones de Seguridad e Inteligencia de Canadá (Site) está monitoreando de cerca la elección en busca de desinformación, anticipando una mayor actividad política en línea, especialmente después de los debates de los líderes. Si bien la interferencia extranjera sigue siendo una preocupación, particularmente de China, Rusia e Irán, el enfoque del MEO está en un tipo diferente de amenaza.

    Los investigadores se están concentrando en una serie de estafas que reflejan tendencias observadas en otros países, donde los anuncios utilizan “titulares políticos sensacionalistas falsos” mientras se hacen pasar por pequeñas empresas y cuentas personales.

    Bridgman advierte sobre el riesgo más amplio de los deepfakes, especialmente cuando la población está desinformada. Explica que sin conocimiento previo de una persona, es difícil distinguir el audio o el video fabricados. Esto es particularmente peligroso en política, donde los candidatos desconocidos son más vulnerables a los deepfakes convincentes.

    El informe proporciona ejemplos concretos de los tipos de estafas que se están utilizando. Entre las publicaciones examinadas se encontraban siete videos deepfake que retrataban falsamente al primer ministro Mark Carney promocionando plataformas de inversión fraudulentas. Estos videos imitan las transmisiones de los principales medios de comunicación canadienses como CBC y CTV.

    Un ejemplo muestra un titular que dice: “Mark Carney anuncia un polémico plan de aranceles de represalia en respuesta a los devastadores aumentos arancelarios de Trump esta semana”. El artículo incluye una transcripción de entrevista fabricada donde Carney promete enviar dinero a los canadienses que se registren en un nuevo programa gubernamental. El enlace, sin embargo, dirige a los usuarios a una estafa de criptomonedas.

    Otro ejemplo involucra una página llamada Money Mindset, que utiliza el logotipo de CBC/Radio-Canada. Esta página compró cinco anuncios de Facebook en francés que se publicaron durante un corto período entre el 4 y el 9 de abril. Un anuncio, que presentaba un video deepfake de Carney, costó entre US$300–$399 (aproximadamente C$500) y recibió entre cinco y seis mil impresiones. La inversión total para los cinco anuncios fue de aproximadamente C$1,000, acumulando alrededor de 10,000 impresiones.

    El informe destaca el daño potencial que estos anuncios impostores, artículos de noticias falsas y videos deepfake pueden infligir. Socavan la credibilidad tanto de los líderes políticos como de las organizaciones de noticias y los periodistas cuyos nombres, logotipos o diseños visuales están siendo suplantados.

    Meta, en respuesta, declaró que publicar anuncios que estafan o se hacen pasar por personas o marcas viola sus políticas. La compañía alienta a los usuarios a denunciar contenido fraudulento y afirma estar invirtiendo continuamente en nuevas tecnologías para combatir las estafas.

    Sin embargo, los investigadores expresan su preocupación de que la respuesta de las empresas tecnológicas haya sido inconsistente e insuficiente para evitar la propagación de estos anuncios. El MEO también señala que muchos de estos anuncios no se autodeclaran como políticos, lo que dificulta evaluar el alcance del problema a través de la biblioteca de anuncios de Meta.

    Bridgman establece una comparación con los estándares de publicidad tradicionales, cuestionando por qué se permite el contenido fraudulento en Facebook. Enfatiza el alcance significativo de estos anuncios, que pueden obtener cientos de miles de vistas en todo el país, y expresa su preocupación por la normalización de tales prácticas engañosas, especialmente durante una elección federal. Concluye describiendo la situación como un “momento tipo Black Mirror”, donde el público parece estar aceptando estas prácticas engañosas.

    La próxima elección federal canadiense se enfrenta a una oleada de desinformación online sofisticada, incluyendo deepfakes y anuncios fraudulentos que imitan fuentes de noticias, a pesar de la prohibición de noticias de Meta en sus plataformas. Aunque no se espera que estos esfuerzos influyan directamente en la elección, la falta de protecciones sólidas en las plataformas y la creciente dependencia del público en Facebook para obtener información política crean un terreno fértil para la manipulación y erosionan la confianza en las noticias creíbles. Esto recuerda que la alfabetización mediática y la evaluación crítica del contenido online son más vitales que nunca para salvaguardar los procesos democráticos.