En 2012, la Oficina de Integridad en la Investigación (ORI) de Estados Unidos anunció que había encontrado que Terry Elton, un investigador de la Universidad Estatal de Ohio, había cometido mala conducta al falsificar o fabricar varios Western blots en sus artículos y solicitudes de subvención.1 El caso parecía sencillo. Pero, como informó el Columbus Dispatch a principios de 2013, la Universidad Estatal de Ohio, en julio de 2011, tras acusaciones anónimas un año antes, había determinado que Elton había cometido algunos errores en las imágenes debido a “desorganización”, no a “mala conducta intencionada”.Referencia Sutherly2
En 2012, la Oficina de Integridad en la Investigación (ORI) de EE. UU. declaró a Terry Elton, investigador de la Universidad Estatal de Ohio, culpable de mala conducta por falsificar o fabricar inmunotransferencias (Western blots). Este caso, sin embargo, pone de manifiesto un problema mayor: la falta de transparencia en las investigaciones por mala conducta en la investigación. Como informó el Columbus Dispatch, Ohio State determinó inicialmente que los errores de Elton se debían a “desorganización”, no a una mala fe intencionada, una conclusión que la ORI rechazó, lo que provocó una segunda investigación que condujo a la condena por mala conducta y a una prohibición de financiación federal. Este rechazo inicial de las acusaciones subraya un patrón de escrutinio insuficiente.
El caso Elton no es único. La Universidad de Florida también tuvo que repetir una investigación después de que un investigador de la ORI considerara inadecuada su investigación inicial. Loikith y Bauchwitz destacan que “casi el 90% de las acusaciones de mala conducta en la investigación biomédica siguen siendo desestimadas sin recibir una investigación inicial ni generar ningún otro registro específico o informe detallado a la ORI”. Esta estadística revela una importante brecha de evidencia para comprender estrategias efectivas para mejorar la integridad de la investigación.
Ohio State, al ser una institución pública, está sujeta a las leyes de registros públicos, lo que hace que su funcionamiento interno sea más accesible para el escrutinio. Tras el caso Elton y el caso de Carlo Croce, quien escapó a las conclusiones de mala conducta en múltiples investigaciones, Ohio State se ha vuelto más transparente. En 2018, la universidad publicó proactivamente un informe de investigación por mala conducta y anunció la dimisión del objetivo. Sin embargo, la gran mayoría de los informes de investigación por mala conducta permanecen ocultos a la vista.
Si bien están disponibles resúmenes de la ORI y de la Oficina del Inspector General de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) de EE. UU., carecen de detalles y, a menudo, se anonimizan. Los informes de las investigaciones institucionales, incluso cuando faltan, sirven como señales para el público y otras partes interesadas de posibles problemas en el ámbito académico. El número anual de informes de ambas agencias también representa una pequeña fracción del número de casos de mala conducta.
Las universidades públicas están sujetas a las leyes de registros públicos, pero estas leyes a menudo no son útiles para acceder a los informes de investigación. Algunas eximen los informes como registros de personal, otras exigen que los solicitantes sean residentes del estado y algunas consideran todos los informes como borradores. Las universidades privadas no están sujetas a estas leyes en absoluto. Esta falta de transparencia crea una brecha de evidencia en nuestra comprensión de estrategias y tácticas efectivas para mejorar la integridad y la formación en investigación.
Esta brecha de evidencia es perjudicial para la transparencia, el público y la ciencia. Como señalan Armond et al., “la falta de resúmenes disponibles públicamente de las investigaciones por mala conducta dificulta el intercambio de experiencias y la evaluación de la eficacia de las políticas y los programas de formación”. Redman argumenta que mantener invisible la mala conducta en la investigación protege la autoridad de la ciencia, asumiendo que la ciencia se autorregula. Sin embargo, acontecimientos recientes, incluidos los cárteles de citas, las fábricas de artículos y la revisión por pares amañada, indican que la autorregulación está fallando, priorizando los intereses propios sobre la reforma.
Algunas naciones han tomado medidas hacia la transparencia. El Concordato del Reino Unido exige a las universidades que proporcionen estadísticas resumidas sobre sus investigaciones, pero no los propios informes. Japón exige a sus universidades que publiquen informes anonimizados, aunque carecen de los detalles necesarios para comprender el proceso e identificar áreas de mejora. Los Comités Daneses sobre Deshonestidad Científica, la Junta de Integridad de la Investigación de los Países Bajos y dos organismos de Bélgica supervisan dichas investigaciones.
Un análisis reciente de 12 países, limitado a tres debido a las normas de confidencialidad, reveló desafíos para un análisis más profundo. El estudio “mejora la comprensión de cómo los comités de investigación manejan las investigaciones de (presunta) mala conducta en Europa”. Más análisis de este tipo permitirían a los responsables políticos evaluar la calidad y mejorarla. Los gobiernos podrían involucrarse para renunciar a las regulaciones confusas, con las protecciones adecuadas para la privacidad y otras preocupaciones, a fin de fomentar la participación.
Algunos países, como Brasil, carecen de coherencia en la orientación sobre cómo investigar las acusaciones o elaborar informes útiles. Una lista de verificación propuesta en 2018 tenía como objetivo estandarizar las investigaciones, pero una revisión de los informes japoneses descubrió que solo unos pocos elementos de la lista de verificación se abordaron adecuadamente. Como concluyeron Dal-Ré y sus colegas, “la mayoría de las universidades e instituciones de investigación seguirán gestionando los presuntos casos de mala conducta en la investigación con sus propios procedimientos, muchos de los cuales no cumplen con los estándares razonables y carecen de transparencia”.
La Asociación para la Promoción de la Integridad en la Investigación en Japón y los editores de las principales revistas cardiotorácicas han desarrollado y utilizado listas de verificación. Los editores de la revista señalaron que “se han visto obstaculizados para abordar adecuadamente algunas acusaciones de mala conducta cuando las investigaciones institucionales se han gestionado mal, han llegado a decisiones ambiguas o sin fundamento o han llevado a cabo su investigación de forma extremadamente lenta, a menudo extendiéndose durante varios años”. El objetivo de los editores es “ayudar a las instituciones a proporcionar informes que los editores consideren útiles para tomar decisiones apropiadas sobre manuscritos presentados o publicados que pueden ser gravemente defectuosos”.
Loikith y Bauchwitz pidieron que se mejoraran las regulaciones y las auditorías para las investigaciones por mala conducta. Titus y Kornfeld han defendido investigaciones post hoc similares. Robert ha pedido una investigación de los administradores de investigación. Poner a disposición los informes de mala conducta sería una parte clave de cualquier esfuerzo de este tipo. La disponibilidad de estos documentos en un repositorio en línea serviría además como una forma de revisión por pares de la comunidad, ya sea formal o informal, y estaría en consonancia con uno de los principales objetivos del movimiento de la ciencia abierta: promover una mayor transparencia en la investigación financiada con fondos públicos.
Las revistas pueden desempeñar un papel incluyendo la existencia de investigaciones institucionales en los avisos de retracción, como se recomendó anteriormente. Sin embargo, Xu et al. descubrieron que “la mayoría de los avisos de retracción (73,7%) no proporcionaron información sobre las investigaciones institucionales que pudieron haber conducido a las retracciones”. Las revistas se han quejado durante mucho tiempo de que las universidades son reacias a compartir información relevante. Como argumentan Xu et al., “los avisos de retracción publicados deben actualizarse para mencionar las investigaciones institucionales”, lo que sugiere que el Comité de Ética de las Publicaciones fortalezca sus recomendaciones y las haga obligatorias.
Como escriben Xu y sus colegas, hacerlo “envía un mensaje claro de que las diversas partes interesadas institucionales están haciendo su trabajo, ya sea de forma independiente o en colaboración, para defender la integridad de las normas de investigación y publicación. Dicho mensaje puede disuadir la posible ofensa y recuperar la confianza del público en la autorregulación y la autocorrección de la investigación académica”.
La confidencialidad es un principio fundamental en las instituciones académicas, pero a menudo se distorsiona. Si bien es importante proteger la privacidad del acusado, la preservación de la confidencialidad no es un bien social a la par con la salvaguarda de la confianza pública en la ciencia. Las instituciones tienen un fuerte incentivo para controlar el flujo de información que podría dañar su reputación. Sin embargo, este incentivo pierde potencia una vez que se completan los informes.
Los investigadores que son transparentes sobre sus errores cosechan un “dividendo de confianza” en forma de un aumento de las citas. Las instituciones académicas obtendrían un beneficio similar de una mayor transparencia en sus procesos de investigación. La divulgación de los informes de investigación demuestra al público y a las partes interesadas pertinentes que la investigación abordó el alcance y los detalles adecuados del caso. Las instituciones a menudo se comportan de maneras que reflejan una ceguera motivada, procesos contraproducentes y valores y reacciones equivocadas ante las acusaciones de mala conducta.
Las universidades a menudo citan una cláusula de “necesidad de saber” en CFR 42 parte 93, que rige la mala conducta en la investigación, pero esa cláusula no es tan restrictiva como afirman algunas universidades. La redacción de los nombres de los miembros del comité obviaría el problema del riesgo y la responsabilidad potenciales. Si bien sería mejor publicar los informes finales de las investigaciones independientemente de los hallazgos, algunos informes podrían estar exentos de divulgación, pero no por defecto.
Un sistema similar podría y debería aplicarse a la comunidad de investigación académica. La mejor manera de prevenir el comportamiento idiosincrásico, incluido el amiguismo, la defensiva y la opacidad, es crear un marco de comportamiento contra el cual se pueda juzgar que las excepciones son razonables o justificadas. Se debe presumir que la importancia de la transparencia para la preservación de la confianza pública en la ciencia supera los estrechos objetivos de las protecciones de la privacidad individual.
Algunos escépticos argumentan que la publicidad penaliza a los acusados injustamente. Sin embargo, incluso en el sistema de justicia penal, la confidencialidad termina en el momento en que se presenta una acusación en el sistema judicial. La mejor manera de mitigar el impacto de estos desafortunados casos es a través de más y no menos publicidad. Como escribió Louis Brandeis, “la luz del sol es el mejor desinfectante”. Aquellos que son declarados inocentes durante una investigación merecen que esa conclusión se aclare para preservar su buen nombre.
Recomendamos que las universidades pongan a disposición universalmente los informes de investigación por defecto, con una explicación clara de cualquier exención. Gunsalus abogó por sistemas que sean tan rigurosos, abiertos y responsables como las instituciones de investigación buscan producir. De Peuter y Conix dijeron que las universidades “deberían publicar públicamente informes anonimizados sobre los resultados de las investigaciones de integridad en la investigación, incluidas las sanciones y las medidas contra las represalias contra los denunciantes” con el fin de aumentar “la confianza de los posibles denunciantes en la capacidad de sus instituciones para investigar de forma segura, rápida, profesional y satisfactoria las presuntas infracciones de la integridad”.
Muchas juntas profesionales de licencias hacen públicos sus hallazgos, incluso los que involucran mala conducta en la investigación. El aumento del interés público en el fraude científico, particularmente con historias sobre fábricas de artículos y otros comportamientos indebidos, sugiere que los políticos y otros de fuera de la ciencia pueden implementar medidas que los científicos pueden encontrar objetables. Las instituciones deben tomar medidas hacia la transparencia, incluida la estandarización de la publicación de los informes de mala conducta, si les preocupan tales movimientos.
El contenido aboga por una mayor transparencia en las investigaciones de mala conducta científica, señalando la falta actual de evidencia y las limitaciones de los informes existentes. Propone que las universidades publiquen proactivamente los informes, defiende prácticas de investigación estandarizadas y listas de verificación, y enfatiza que la transparencia fomenta la confianza pública, disuade la mala conducta y, en última instancia, fortalece la integridad de la ciencia.